'... la partición de Endesa, dada su historia, el papel estratégico que ha jugado en el pasado y las inversiones que tiene Endesa en activos que se amortizan a muy largo plazo, es problemática', dijo en una entrevista con Servimedia, cuyo resumen fue difundido a los demás medios de comunicación.
El ministro añadió que el Gobierno 'tardará unas semanas' en decidir si permite a Enel ejercer derechos políticos en Endesa.
El grupo italiano, participado en un 30 por ciento por el Gobierno italiano, ha adquirido un 10 por ciento del capital de Endesa y cuenta con opciones para tomar otro 15 por ciento. Junto con Acciona controla un 46 por ciento de la primera eléctrica española. También controla la eléctrica cántabra Viesgo desde 2002.
Según la legislación vigente, ninguna compañía podría ejercer libremente sus derechos de voto en dos empresas estratégicas de un sector clave como el eléctrico.
Además, existen restricciones para la entrada de empresas extranjeras con participación pública en este sector.
POLÉMICA CON BRUSELAS
El Gobierno insistió en que considera que las condiciones impuestas en su día a la OPA de E.ON se ajustan a la legislación europea, en respuesta a la decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante los tribunales.
'Nosotros creemos que esas condiciones se ajustan a la legalidad comunitaria y, por eso se defenderán, en el tribunal', dijo un portavoz del Ministerio de Industria.
La Comisión anunció que llevará al Gobierno español al Tribunal Europeo de Justicia por interferir en la oferta de la eléctrica alemana de 42.300 millones de euros.
'Se trata de dos criterios jurídicos, el de la Comisión y el del Gobierno español, que tendrán que solucionarse en el Tribunal Europeo', dijo el portavoz.
El órgano ejecutivo de la Unión Europea argumentó su decisión en el 'incumplimiento de las decisiones de la Comisión que reclamaban la retirada de algunas condiciones sobre la OPA de E.ON por Endesa'.
La resistencia de España, junto con las actuaciones de Italia y Polonia en casos separados, han creado preocupación en Bruselas en torno al 'nacionalismo económico' o la protección oficial de grandes empresas ante intentos de compras extranjeras.
El anuncio del miércoles es la culminación de meses de advertencias de la Comisión, así como de medidas destinadas a impedir la interferencia española en los poderes exclusivos de Bruselas con relación a las opas transfronterizas.
La CNE impuso condiciones al proyecto de OPA de E.ON en julio e introdujo modificaciones en noviembre como consecuencia de la presión de la Comisión.
Pero los cambios no lograron satisfacer a las autoridades europeas que regulan la competencia y exigieron la retirada total de las condiciones.
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