La disputa entre la Comisión Europea y el Gobierno español por las condiciones que Madrid impuso a la opa de E.ON sobre Endesa cerró hoy su primer capítulo, con la decisión del Ejecutivo comunitario de llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.
Bruselas anunció su decisión de denunciar a España ante la corte europea por no retirar, tal y como le había solicitado, varios de los requisitos para autorizar la opa del grupo alemán.
El ejecutivo de la UE considera que, al fijar condiciones a la oferta de E.ON, las autoridades españolas violaron el artículo 21 del Reglamento europeo de concentraciones, que establece la competencia exclusiva de Bruselas en las operaciones de dimensión comunitaria.
Según la Comisión, varias de las medidas establecidas primero por la Comisión Nacional de la Energía y posteriormente modificadas por el Ministerio de Industria son incompatibles con la legislación comunitaria.
En concreto, Bruselas apunta a la obligación de mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la Península; utilizar sólo carbón de producción nacional y no desviar gas producido en España a otros mercados, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español.
A juicio del ejecutivo comunitario, estas medidas infringen los principios de libertad de establecimiento y de libre movimiento de capitales y algunas incluso el de libre circulación de bienes.
El Gobierno mantiene que todo es legal
E.ON recurrió el primer conjunto de medidas (las impuestas por la CNE), pero aceptó el paquete finalmente establecido por Industria.
El Gobierno español insiste, por su parte, en que las condiciones respetan la normativa comunitaria y destaca que su única pretensión es garantizar el suministro energético, ámbito que, en su opinión, corresponde a las autoridades nacionales y no a las comunitarias.
A Madrid no le preocupa tener que enfrentarse con la Comisión ante la Justicia europea, pues considera que sus diferencias son de tipo jurídico, por lo que ese es el mejor foro para dirimirlas.
La Comisión Europea está, por su parte, convencida de la solidez de sus argumentos legales contra España y hoy recalcó su determinación de impulsar "una UE basada en el respeto a la ley".
El portavoz comunitario de Competencia, Jonathan Todd, recordó que la Comisión está obligada a vigilar el cumplimiento de la normativa europea y a actuar contra los Estados miembros cuando la infringen, "en interés de los consumidores y de las empresas que operan dentro de la Unión".
Incidió en que corresponde al Tribunal de la UE decidir quién tiene razón en su interpretación de la legislación comunitaria, algo que en ningún caso, subrayó, pueden decidir los propios Estados.
La corte europea tarda una media de dos años en pronunciarse sobre casos de este tipo, aunque la Comisión podría solicitar la tramitación de su denuncia por la vía acelerada.
En cualquier caso, parece claro que sea cual sea el resultado de esta disputa no tendrá mucho efecto en la batalla que en estos momentos libran E.ON, por un lado, y Enel y Acciona, por otro, por hacerse con el control de la eléctrica española.
Con ésta son ya dos las denuncias de la Comisión que España acumula por el "caso E.ON-Endesa".
En enero pasado, los servicios del comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy decidieron llevar al Gobierno ante la corte por la ampliación de competencias de la CNE que permitió al regulador español pronunciarse sobre la opa de E.ON.
En opinión de Bruselas, el decreto-ley que Madrid aprobó de urgencia tras conocer las intenciones del grupo alemán de hacerse con Endesa -y que también se negó a retirar a pesar de las peticiones de la Comisión-, supone una vulneración de los principios de libre circulación de capitales y libertad de establecimiento.
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