La Guardia Civil ha detenido a catorce personas en la operación desarrollada este martes sobre presuntas facturas falsas presentadas por la UGT-A para justificar los fondos para formación recibidos de la Junta, entre ellos el exvicesecretario de Administración de este sindicato en Andalucía Federico Fresneda.

Fuentes del caso han informado de que se han practicado seis registros, cuatro de ellos en tres empresas de Sevilla y en el domicilio particular de Fresneda, quien ha sido detenido en Tenerife, donde estaba de vacaciones, por lo que en este registro domiciliario estuvo presente un familiar. Además se han registrado la empresa madrileña Siosa, dedicada a aplicaciones móviles, y otra compañía de Jaén.

Fresneda fue vicesecretario de Administración y Recursos Humanos de UGT en Andalucía desde 2005 a 2013 y una de las cuatro personas de confianza del ex secretario general de este sindicato, Manuel Pastrana. Los restantes detenidos son empleados y extrabajadores de la UGT pero fuentes de la investigación descartan que entre ellos figuren otros ex altos cargos del sindicato además de Fresneda, quien será trasladado en las próximas horas a Sevilla, donde será interrogado en dependencias de la Guardia Civil, tras lo cual todos o una parte de los detenidos pasarán a disposición judicial.

En la operación también han sido arrestados varios empresarios, acusados de hacer facturas falsas para que la UGT justificase los fondos que recibía de la Junta destinados a cursos de formación.

La operación está coordinada por el juez de instrucción 9 de Sevilla, a quien correspondió la denuncia de la fiscalía superior andaluza sobre los fondos de formación, con los que presuntamente la UGT pagó gastos como invitaciones en la Feria de Abril de Sevilla o unos bolsos falsificados en China, copiados de marcas españolas, que regaló a los asistentes a su congreso.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha declarado que la Junta esperará "a que evolucionen los acontecimientos y la instrucción judicial" para decidir si se persona como acusación particular en este caso, una decisión que, en cualquier caso se adoptaría "de acuerdo con la indicación de los servicios jurídicos". A preguntas de los periodistas, Vázquez se ha limitado a expresar el "respeto" de la Junta "a todo tipo de actuación judicial" y ha enfatizado: "Le garantizo que desde el primer minuto, el Gobierno andaluz ha cumplido escrupulosamente con lo que marca la ley y seguirá cumpliendo con lo que marca la normativa".

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha explicado en Málaga que esta operación, denominada Cirene, es "de gran calado y tiene que ver con facturas falsas, un tema importante desde el punto de vista laboral y de la formación en Andalucía".

La diputada autonómica del PP Ana María Corredera ha reiterado la petición al Gobierno andaluz para que asuma "responsabilidades políticas" por el presunto uso fraudulento de fondos para formación. Corredera ha valorado en rueda de prensa que esta investigación judicial "sigue avanzando" y que "la verdad sigue saliendo a la luz", pero ha calificado de "lamentable" que, en su opinión, la presidenta andaluza, Susana Díaz, "no actúe" contra la corrupción y que su socio de gobierno "siga mirando para otro lado, calle y otorgue, y no exija ninguna responsabilidad política".

El portavoz de IU en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro, ha animado a la Justicia a seguir con esta investigación "caiga quien caiga" y ha señalado en una rueda de prensa en Huelva que le gustaría "que todas las investigaciones e instrucciones judiciales fueran lo más ágiles posibles, y no sólo es importante buscar a los responsables, sino que la ciudadanía pueda tener un relato veraz de lo ocurrido".

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por las presuntas facturas falsas de UGT-A para cursos de formación ha permitido definir "diversos métodos utilizados para desviar el dinero de las subvenciones a otros fines diferentes, en este caso presuntamente a una financiación del propio sindicato", considerando que "la vía más importante en la financiación" de UGT-A "podría haber sido esta presunta práctica ilícita".

En un comunicado de prensa, la Guardia Civil ha informado de que la operación 'Cirene' desarrollada este martes abarca el análisis de los fondos de formación otorgados por la Junta de Andalucía mediante subvenciones a distintos beneficiarios a lo largo de los últimos 12 años. En este marco, se han realizado "múltiples" actuaciones, como la incautación el pasado mes de mayo de expedientes de justificación de subvenciones para formación en la sede de la Dirección General de Formación de la Junta de Andalucía.

El inicio de la operación se sitúa en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el verano de 2013, "siendo dividida la causa posteriormente entre ese Juzgado y el número 9, entendiendo este último de todo aquello relacionado con la organización sindical UGT-Andalucía". En relación con UGT-Andalucía, el 19 de diciembre de 2013 se procedió al registro de la sede de UGT-Andalucía, tras lo que el Grupo de Delincuencia Económica llevó a cabo diversas tomas de declaración tendentes a esclarecer los hechos investigados. Según la nota, el análisis de la documentación incautada en diciembre, contrastado con las manifestaciones tomadas y otras diligencias practicadas, "ha propiciado una acumulación de indicios sobre diversas personas como responsables, en distintos grados, de un delito de fraude de subvenciones".

Así, las investigaciones "han podido definir diversos métodos utilizados para desviar el dinero de las subvenciones a otros fines diferentes, en este caso presuntamente a una financiación del propio sindicato", unos procedimientos que "eran ejecutados por personal que trabajaba para UGT-A, el cual sería dirigido por un responsable de la citada organización". La Guardia Civil ha constatado que este fraude "se realizaba de manera sistemática año tras año, siendo perfeccionado en el transcurso del tiempo", por lo que "se considera que la vía más importante en la financiación de este sindicato podría haber sido esta presunta práctica ilícita".

Por último, la Guardia Civil informa de que la operación sigue abierta y no se descartan más detenciones y registros.