El fiscal y los abogados de la familia de Grima y el Partido Popular pidieron ayer que Mainar sea juzgado, además de por asesinato, por tenencia ilícita de armas y atentado contra la autoridad, ya que la víctima ocupaba un cargo público. Estos dos nuevos delitos deberían ser juzgados por magistrados de la Audiencia de Huesca, porque el jurado popular no tiene competencias.
La defensa pidió la verificación de varias pruebas para demostrar la inocencia de Mainar.
Entre otras, que expertos de la Escuela Militar de Montaña de Jaca comprueben los recorridos que presuntamente hizo a pie el día del crimen, «para ver si los puede hacer alguien que no sea Superman».
La acusación pidió la declaración de cinco nuevos testigos y el acceso a los informes de balística y pólvora y la prueba de ADN de la Guardia Civil, además de la identificación de los ordenadores desde los que se enviaron los correos electrónicos con amenazas a Grima.
La escopeta sigue sin aparecer
La escopeta con la que dispararon a Grima sigue sin aparecer y la defensa reclamó ayer que se estudie la posibilidad de que los restos de pólvora que se encontraron en las manos de Santiago Mainar pudieran no estar relacionados con el crimen. El alcalde de Fago fue asesinado el 12 de enero con una escopeta de caza y, en su declaración a la Guardia Civil de la que luego se retractó, Mainar aseguró que había escondido en un camión que iba a Francia el arma con la que había disparado.
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