El segundo juicio de extradición del histórico etarra Antonio Troitiño, reclamado por España por delitos de terrorismo, comenzó este lunes en el Reino Unido, planteando uno de los casos más complejos relacionados con ETA en Gran Bretaña. En la audiencia de este lunes, la defensa, encabezada por Mark Summers, desgranó sus argumentos, que resumió en que se ha cometido "un abuso de proceso" al imputar nuevos cargos a su cliente, que ya se sometió a un primer juicio de extradición ahora interrumpido.

El fiscal Ben Lloyd, en representación del Estado español, negó esta tesis y pidió su entrega a España por los cargos de integración en el aparato logístico de ETA y estar en posesión de documentación falsa, debido a documentos de identidad que se hallaron cuando fue detenido por primera vez en Londres en junio de 2012. Lloyd adelantó que este martes presentará correspondencia entre las autoridades españolas y las británicas desde 2012 que demostrará que los nuevos delitos hace tiempo que se estaban investigando. La jueza Emma Arbuthnot reconoció la complejidad del proceso y de los testimonios presentados y pidió a la defensa y a la fiscalía que en el plazo de siete días acuerden una declaración conjunta que los simplifique.

En la vista, el abogado Mark Summers presentó dos testigos para defender su idea de que ha habido "ingeniería jurídica" por parte de las autoridades españolas para pedir por segunda vez la entrega del etarra, después de que la primera solicitud quedara obsoleta a finales de 2013 al derogar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la llamada doctrina Parot.

La Justicia española pidió por primera vez la extradición de Troitiño tras su detención en Londres el 29 de junio de 2012 a fin de aplicarle de forma retroactiva esa doctrina, que hubiera tenido el efecto de alargarle la pena hasta 2017, pero el proceso encalló tras el dictamen de Estrasburgo. En enero de este año, España pidió de nuevo el arresto y entrega del etarra -detenido por segunda vez el 13 de febrero, cuando estaba en libertad condicional- por los delitos de falsificación de documentos oficiales y pertenencia a banda armada, en concreto al subaparato de ETA denominado IHESKO-Colectivo de Refugiados.

Cuando fue detenido en 2012 en un piso de Londres junto con el presunto etarra Iñaki Lerín Sánchez, la Policía británica confiscó varios documentos falsos con la foto de Troitiño que supuestamente le fabricó ese colectivo. Summers disputa el argumento de la Justicia española de que el haber requerido esos documentos para salir de España en 2011 -tras haber cumplido una pena de 24 años y para evitar que se le impusiera la doctrina Parot- implique participación activa en banda armada. Para argumentar esta tesis, declaró el letrado español especializado en terrorismo Jacobo Tejeiro, quien consideró que en el caso de Troitiño ha habido "ingeniería jurídica" y se "ha forzado" el cargo de pertenencia a banda armada para lograr la extradición, lo que no sería posible por un mero delito de falsificación de documentos.

Tanto Tejeiro como otro testigo de la defensa, el periodista irlandés Paddy Woodworth -experto en el País Vasco-, recordaron que el ministro español de Justicia Jorge Fernández Díaz ya avisó en 2013 de que se haría "ingeniería jurídica" para evitar que los etarras como Troitiño se beneficiaran de la derogación de la doctrina Parot.

Woodworth, por su parte, argumentó para la defensa que en los casos de terrorismo en España, entre los que citó los de Inés del Río e Iñaki de Juana Chaos, "los fines de la justicia pueden ser subvertidos por motivaciones políticas". Vestido con pantalón rojo, camiseta caqui y cazadora verde, Troitiño, de 56 años, estuvo presente en la sala y, al estar en libertad condicional, pudo mezclarse con la prensa y los abogados y salir a comer un bocadillo con conocidos en la hora del descanso. Antonio Troitiño, que afronta mañana la segunda jornada de este nuevo proceso de extradición, cumplió en España 24 años de cárcel por ser autor, entre otros, de un atentado en 1986 contra un autobús de la Guardia Civil en la plaza de la República Dominicana de Madrid, en el que murieron doce agentes y hubo más de medio centenar de heridos.