Los ministros de Economía de la UE han respaldado este jueves sin cambios las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) para España, en las que consideran que hay margen para ampliar la base del IVA y gravar el consumo, entre otros tributos, el mismo día en que el Gobierno aprobará la reforma fiscal.

En las recomendaciones, presentadas el pasado 2 de junio por la CE, los socios europeos afirman que España debería gravar el consumo, el deterioro del medio ambiente (los combustibles por ejemplo) o los bienes inmuebles (IBI).

También recomiendan rebajar las cotizaciones sociales y eliminar las deducciones en el impuesto de sociedades y el IRPF, indicaron fuentes comunitarias.

En el documento de trabajo de la CE remitido al Consejo de ministros de Economía de la UE, el Ecofin, los expertos de la Comisión dejan claro que "queda margen para subir los impuestos obre el consumo y mejorar su eficiencia ampliando la base del IVA".

Una parte importante de las recomendaciones de los socios comunitarios se centra en los problemas del mercado laboral de España.

En este apartado, recomiendan al Gobierno impulsar nuevas medidas para reducir la segmentación en favor de la calidad y la sostenibilidad del empleo, por ejemplo, al "reducir el número de tipos de contrato" y garantizar "un acceso equilibrado" a los derechos en caso de cese de la relación laboral.

Además, España debe velar para que "la evolución de los salarios reales sea coherente con el objetivo de creación de empleo".

La UE cree asimismo que España podría "reforzar los requisitos de búsqueda de empleo" para percibir las prestaciones de desempleo.

Por otra parte, sostiene que España debe reforzar la estrategia presupuestaria a partir de 2014 y especificar para ello plenamente los ajustes que pretende aplicar en 2015 y los años posteriores para corregir el déficit excesivo en 2016 y dejarlo en el 2,8 % del PIB.

Tras lograr este objetivo, España debería aplicar un ajuste estructural hacia el objetivo de medio plazo (un presupuesto equilibrado en 2017) de al menos un 0,5 % cada año para situar la deuda por debajo del 60 % del PIB.

La UE recomienda asimismo al Gobierno que realice antes de febrero de 2015 una "reducción sistemática del gasto en todos los niveles de la Administración" y le recuerda que la corrección de los desequilibrios presupuestarios exige aplicar de manera creíble ambiciosas reformas estructurales que permitan incrementar la capacidad de ajuste e impulsar el crecimiento y el empleo. Además, España tiene que "tomar medidas para evitar que la fiscalidad obstaculice el funcionamiento armonioso del mercado interior español" e "intensificar la lucha contra la evasión fiscal".

Por otro lado, los socios de España en la UE también afirman en sus recomendaciones que el Gobierno debe garantizar la eliminación efectiva del déficit del sector eléctrico a partir de 2014 tras la reforma del año pasado, tomando si fuera necesario, medidas estructurales adicionales.

Igualmente opinan que el Gobierno debe abordar el problema de las autopistas de peaje insolventes minimizando los costes para el Estado y crear, antes de finales de 2014, un observatorio independiente para evaluar los grandes proyectos futuros de infraestructura.

Precisamente, el Consejo de Ministros aprueba este mismo viernes la reforma fiscal, en la que tiene previsto ignorar las medidas de la UE, ya que ha anunciado una rebaja del impuesto sobre la renta desde 2015 sin explicar cómo compensará la pérdida de ingresos, y ha descartado subir el IVA o reducir las cotizaciones.

La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, rechaza también otra reforma laboral. Las recomendaciones para España, así como las dirigidas al resto de Estados miembros, serán ratificadas no obstante por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre del 26 y 27 de junio.

En cuanto al mercado laboral, España, según resaltan las recomendaciones, debe "impulsar nuevas medidas para reducir la segmentación del mercado de trabajo en aras de la calidad y sostenibilidad del empleo, en particular reduciendo el número de tipos de contrato y garantizando un acceso equilibrado a los derechos en caso de despido", así como "reforzar los requisitos de búsqueda de empleo para la percepción de las prestaciones por desempleo".

"La segmentación continúa siendo un problema importante del mercado de trabajo español, siguen existiendo numerosos tipos de contrato y la diferencia entre los costes de despido de los contratos temporales y los indefinidos figura todavía, incluso tras la reforma (laboral de 2012) entre las más elevadas de la UE", alerta el texto.

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene que "acelerar la modernización de los servicios públicos de empleo" y "garantizar la aplicación eficaz, antes de finales de 2014, de las iniciativas de cooperación entre los sectores público y privado en los servicios de colocación".

Y poner en marcha la garantía juvenil para proporcionar a los menores de 25 años en paro o que finalizan su educación un empleo, prácticas o formación adicional en un plazo de cuatro meses.

El Ecofin reclama al Gobierno de Mariano Rajoy "realizar, antes de febrero de 2015, una revisión sistemática del gasto en todos los niveles de la Administración para contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público".

En concreto, deberá "seguir aumentando la eficiencia del sector de la asistencia sanitaria, sobre todo incrementando la racionalización del gasto farmacéutico, particularmente en los hospitales". Para los ministros, la estrategia presupuestaria de España en los próximos años "se ajusta sólo en parte a los requisitos del Pacto de Estabilidad".

Las previsiones de crecimiento del Gobierno son plausibles para 2014 (1,2%), pero presentan "riesgos de sobreestimación" para 2015 (1,8%) y son "un tanto optimistas" para 2016 y 2017. "Así pues, existen también riesgos de sobreestimación en relación con las sendas de ajuste del déficit y la deuda", avisan las conclusiones.

El Ecofin reclama al Gobierno que aplique "de forma rigurosa y transparente en todos los niveles de la administración las medidas preventivas, correctoras y coercitivas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, incluidas las relativas a la eliminación de las deudas contraídas con entidades comerciales".

La UE exige además a las autoridades españolas "garantizar la eliminación efectiva del déficit del sector eléctrico a partir de 2014, tomando, en su caso, las medidas estructurales adicionales necesarias".

También recomienda "abordar el problema de las autopistas de peaje insolventes de modo que se minimicen los costes para el Estado", así como "establecer, antes de finales de 2014, un observatorio independiente que contribuya a la evaluación de los grandes proyectos futuros de infraestructura".

España debe aplicar la reforma de las administraciones públicas, así como reforzar los mecanismos de control e incrementar la transparencia de las decisiones administrativas, en particular a nivel local y regional", así como "completar y supervisar cuidadosamente las medidas en curso para luchar contra la economía sumergida y el trabajo no declarado".

Otra prioridad para la UE es "aprobar una reforma ambiciosa de los servicios profesionales y de las asociaciones profesionales antes de finales de 2014, definiendo las profesiones que exigen la inscripción en un colegio profesional, así como las normas de transparencia y rendición de cuentas de los organismos profesionales, liberalizando las actividades reservadas injustificadamente y preservando la unidad de mercado en el acceso a los servicios profesionales y su ejercicio en España".

El Gobierno tiene que tomar medidas para "reducir el tiempo, el coste y el número de trámites necesarios para establecer y poner en funcionamiento una empresa" y "corregir las restricciones injustificadas al establecimiento de grandes superficies comerciales, en concreto mediante la revisión de las disposiciones regionales de urbanismo".

Los ministros de Economía de los 28 también han alcanzado este viernes un acuerdo político para endurecer las reglas tributarias de la UE con el objetivo de evitar que las multinacionales eludan el pago de impuestos recurriendo a la ingeniería fiscal.

El compromiso ha sido posible después de que Malta haya levantado la reserva que tenía sobre el texto, ya que las normas sobre fiscalidad requieren el apoyo unánime de los Estados miembros. Los países tienen ahora de plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 para incorporar los cambios a sus respectivas legislaciones nacionales.

El objetivo de esta reforma de la denominada directiva matriz-filial es cubrir una laguna en la actualidad permite a los grupos de empresas aprovechar las asimetrías entre las reglas fiscales nacionales para escapar al impuesto sobre determinados tipos de beneficios distribuidos en el seno del grupo.

El endurecimiento de esta norma permitirá a los Estados miembros, según Bruselas, evitar perder ingresos fiscales procedentes de grupos de empresas y contribuirá a establecer condiciones de competencia más justas.

La directiva actual obliga a los Estados miembros a conceder a la matriz de una empresa una exención fiscal sobre los dividendos que recibe de las filiales establecidas en otros Estados miembros para evitar una doble imposición. No obstante, en algunos casos los países donde las filiales están establecidas consideran estos pagos como el reembolso de préstamos fiscalmente deducibles. El resultado es, según Bruselas, que los pagos entre la filial y la matriz no se gravan en ninguna parte.

Con la reforma aprobada por el Ecofin, si un pago efectuado a título de un crédito híbrido es fiscalmente deducible en el Estado miembro de la filial, deberá ser gravado en el país de la matriz. Con esta medida, las multinacionales ya no podrán planificar sus pagos intragrupo para beneficiarse de esta doble no-imposición.

El Ejecutivo comunitario había propuesto además introducir en la directiva una regla común anti-abuso. Ello permitirá a los Estados miembros, según Bruselas, ignorar las estructuras artificiales utilizados para eludir impuestos y gravar la sustancia económica real. No obstante, esta cláusula ha quedado de momento fuera de la reforma porque no hay consenso en el Ecofin.