El vicealcalde de Zaragoza, imputado en el mayor caso de corrupción urbanística de Aragón

  • El juez lo llama a declarar como imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa en el caso de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza).
  • También a dos concejalas del Ayuntamiento y a siete altos cargos más, entre ellos tres exconsejeros del Gobierno de Aragón.
  • El magistrado admite que los imputados podrían haber actuado condicionados, pero matiza que actuaron de manera propia.
El vicealcalde socialista de Zaragoza, Fernando Gimeno.
El vicealcalde socialista de Zaragoza, Fernando Gimeno.
F. B.
El vicealcalde socialista de Zaragoza, Fernando Gimeno.

El caso de corrupción urbanística de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) sigue salpicando a altos cargos políticos. El último, el propio vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno.

El Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza ha imputado a diez antiguos miembros del Consejo de Administración de la sociedad Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), entre ellos varios ex consejeros del Gobierno de Aragón y el propio vicealcalde de la capital aragonesa.

Además de Gimeno, el juez llama también a declarar por un presunto delito de prevaricación administrativa a la consejera municipal de Servicios Públicos, Carmen Dueso, y a la concejala Isabel López. Tantos ellos como el resto de imputados formaron parte del Consejo de Administración de Plaza durante los años 2008 y 2009, que es precisamente el periodo que está investigando el juez.

Dentro de la investigación abierta por los sobrecostes en la construcción del apartadero ferroviario de Plaza, el magistrado ha citado también como imputados a Carlos Escó, exviceconsejero de obras publicas (ya imputado en otro proceso del mismo caso); así como a los exconsejeros socialistas del  Gobierno de Aragón Alberto Larraz y María Teresa Verde.

Completan la lista el empresario Fernando Casasnovas; José Luis Rodrigo, que fue representante de Ibercaja en el Consejo de Administración; José Luis Abad Martínez, exconsejero delegado de la Sociedad Pública Zaragoza Alta Velocidad; y Agustín García Inda, secretario general técnico de Educación.

El juez también busca las declaraciones del actual consejero de economía de la DGA, Francisco Bono, así como de los diputados Alfredo Boné y Alfonso Vicente Barba, aunque al estar aforados ha tenido que dar traslado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Las diligencias previas se han abierto a raíz de dos denuncias del Ministerio Fiscal relativas a dos expedientes de contratación de Plaza. El juez admite en el auto que los imputados pudieron actuar «condicionados» por la información que les ofreció el que fuera gerente de Plaza, Ricardo García Becerril (también imputado en otra ramificación del caso), pero matiza que podrían haber actuado de otro modo.

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