Los ciudadanos interesados pueden presentar alegaciones, hasta el próximo jueves, al texto del anteproyecto de Ley de Transición entre Gobiernos que inicia el período de información pública, según la resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Durante estos días el texto estará a disposición de quienes quieran consultarlo en horario de 10,00 a 14,00 horas en las dependencias de la Consejería de Administración Pública, así como en los portales de Transparencia y en la web oficial del Gobierno de Extremadura.

Este proyecto de Ley, anunciado por el presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Región del pasado mes de mayo, pretende "garantizar la continuidad" en la acción de gobierno, así como la actividad administrativa de la institución durante el período comprendido entre el cese del presidente y la toma de posesión del nuevo gobierno con tres "objetivos principales".

Dichos objetivos son la regulación de la acción de gobierno tras el cese del presidente de la Junta de Extremadura; el establecimiento de medidas concretas en cuanto al traspaso de poderes entre gobiernos y el desarrollo de los aspectos fundamentales del proceso de formación del nuevo Gobierno, todo ello bajo los principios de "mínima intervención; neutralidad política; lealtad y colaboración e información y transparencia", según ha informado el Gobierno de Extremadura en nota de prensa.

La ley, compuesta de tres capítulos; trece artículos; dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales, contiene además una disposición que deroga expresamente los artículos 18, 21 y 22 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que hacen referencia al presidente en funciones, su cese y los límites en la gestión del gobierno en funciones.

En este sentido, las disposiciones adicionales regulan y limitan la actividad del gobierno desde la convocatoria de elecciones hasta el cese del presidente y además, mientras que una de las finales legisla expresamente la concurrencia a procesos selectivos del presidente, los consejeros o los altos cargos del gobierno en el sentido de que no podrán presentarse a oposiciones, ni a exámenes para formar listas de espera en procesos convocados durante el desempeño de sus cargos.