El Patronato del Archivo de Salamanca aprueba último envío de documentos a Cataluña

  • Incluye 238 cajas, 350 libros, 10 carteles, dos láminas, tres mapas y planos, cuatro banderas, diez panfletos y ocho tarjetas postales.
  • El Gobierno instará a la Generalitat a devolver los documentos que no haya podido restituir al propietario original o a sus sucesores.
  • El Ejecutivo catalán impugnará el pacto de no devolver los Papeles de Salamanca.
Edificio del Archivo Histórico Nacional en Salamanca.
Edificio del Archivo Histórico Nacional en Salamanca.
EFE / ARCHIVO
Edificio del Archivo Histórico Nacional en Salamanca.

El Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), con sede en Salamanca, ha aprobado este miércoles, en una reunión que ha celebrado en Madrid, el que será el último envío a Cataluña de documentos relacionados con la Guerra Civil y la República para el que todavía no hay fecha. Son los últimos documentos de particulares identificados y la Generalitat deberá retornar los papeles cuyos dueños no estén claramente identificados.

Se restituirán así próximamente a la Generalitat documentos, si bien en un volumen inferior al solicitado inicialmente por el ejecutivo catalán. Lo restituido serán 238 cajas, 350 libros, 10 carteles, dos láminas, tres mapas y planos, cuatro banderas, diez panfletos y ocho tarjetas postales. Inicialmente, la Generalitat había pedido 546 cajas, 4.139 libros, 259 carteles, 20 láminas, 14 mapas y planos, 10 banderas, 363 panfletos y 101 tarjetas postales.

El Gobierno considera que, en cumplimiento de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, la Generalitat debe recibir los documentos de particulares para entregárselos a sus propietarios o a sus sucesores originales. Ahora bien, en caso de no poder acreditar la entrega, estos documentos se deberán reintegrar en un archivo de titularidad estatal, como es el caso del de Salamanca.

"Debido al alto número de documentos pertenecientes a particulares y organizaciones que ya no existen, o no poseen un sucesor claro, estos documentos se han retirado del envío previsto inicialmente", según Cultura. El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, ha informado de esta decisión en la reunión.

La Junta de Castilla y León celebra la decisión. La consejera de Cultura y Turismo castellanoleonesa, Alicia García, ha manifestado en declaraciones a los medios tras la larga reunión, que ha durado alrededor de tres horas, que su posición ha sido contraria respecto a la salida de nuevos documentos y ha indicado que por parte del Gobierno ha habido un "compromiso" para que no vuelven a salir nuevos papeles del Archivo de Salamanca.  Además, ha destcado que "de la misma manera que se aprueba la última salida de papeles, también se reclaman a la Generalitat los documentos que están allí pero no han sido reclamados por particulares y los propietarios", pues son de titularidad estatal, por lo que es en Salamanca donde han de estar.

Comportamiento desleal

La Generalitat impugnará el acuerdo tomado de no retornar la totalidad de los documentos confiscados en Cataluña durante la Guerra Civil y depositados en el Archivo de Salamanca, mediante la interposición de un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Así lo ha anunciado el consejero de Cultura, Ferran Mascarell, en una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañado por el presidente de la Comisión de la Dignidad, Josep Cruanyes.

A su juicio, el Estado, según lo acordado por ley en 2005, "debe transferir a la Generalitat los documentos, fondos documentales y otros efectos, confiscados a Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado" con residencia en Cataluña. El martes, cuando trascendió la noticia, ya consideró "realmente grave" que el Estado no ceda a la Generalitat los documentos requisados durante la Guerra Civil. "No querer cumplir una ley aprobada hace nueve años es una muestra más de deslealtad absoluta con la ciudadanía de Cataluña", sentenció.

Cruanyes ha anunciado una movilización para el 5 de julio en Montjuïc para protestar contra el acuerdo y reclamar la devolución de todos los documentos. "Esperemos que se imponga la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza que quiere imponer el ministro Wert", ha dicho.

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