Si por algo se caracteriza la España que se encuentra Felipe VI es por la crisis o al menos cuestionamiento de su modelo territorial. Alumbrado en la transición, se caracterizó desde el principio por sus dos velocidades: la que conformaron las llamadas autonomías “de primera”, representadas fundamentalmente por Cataluña y el País Vasco (aunque después se les unirían Galicia y Andalucía) y el resto.

Esta dualidad tiene su reflejo en la Constitución, no solo en el reparto competencial, sino en la propia articulación territorial de España fijada en el título preliminar, que habla de las “nacionalidades y regiones que la integran”. Dicha diferenciación dio lugar a las dos vías para acceder a la autonomía: la rápida que suponía el artículo 151, para regiones históricas, o la ordinaria del 143, a la que se acogieron las demás comunidades resultantes.

Este proceso se inició a finales de los setenta y duró casi una década. Durante los años del “juancarlismo”, el encaje territorial de España fue visto como un logro histórico, dadas las fuertes tensiones que desde la etapa moderna ha desencadenado la pulsión entre el centralismo y las reivindicaciones nacionalistas de la periferia.

De hecho, la obsesión por la unidad nacional y la idea de la desintegración de España fueron uno de los factores desencadenantes de la Guerra Civil y estuvieron muy presentes durante la dictadura franquista.

El desarrollo de este modelo autonómico de dos velocidades acabó derivando en lo que se llamó el “café para todos”, es decir, un nivel competencial homogéneo y bastante amplio para todas las autonomías que en un principio estaba más distanciado del que tenían las comunidades “históricas” que en la actualidad, un hecho que ha disgustado a estas últimas por lo que supone de pérdida de singularidad.

En este marco, a caballo entre la descentralización administrativa (porque es el Estado quien otorga la autonomía) y el federalismo (por el nivel competencial de las comunidades), se combinó con la integración de los nacionalismos históricos en el juego político.

Convergència i Unió (CiU) en Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en Euskadi no solo tomaron las riendas en sus territorios, sino que, en una segunda fase a partir de los años noventa, fueron jueces de la gobernabilidad del Estado con sus votos en el Congreso, tanto a través de pactos con el PSOE como con el PP.

Las cartas con las que negociaban CiU y PNV para apoyar a los diferentes gobiernos en Madrid eran tanto la transferencia de más competencias a sus comunidades (algo de lo que se acabaron beneficiando las demás, en diferentes grados) y una reivindicación de mejores instrumentos de financiación autonómica.

Con el tiempo, esta última reivindicación se fue fusionando con el anhelo de una reforma estatutaria que, una vez aprobada por el Parlament catalán en tiempos del tripartito, se vio modificada en algunos aspectos considerados clave por una sentencia del Tribunal Constitucional, un hecho que levantó ampollas entre los sectores más nacionalistas de Catalunya.

En este escenario se ha ido fraguando un ascenso imparable de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que, con un discurso abiertamente independentista, consiguió una fuerte subida en las elecciones autónomicas de 2012. Dos años después, en los comicios europeos del pasado 25 de mayo, se convirtió en la fuerza más votada.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas (CiU), que gobierna con el apoyo de ERC, mantiene para el 9 de noviembre una consulta con dos preguntas en la que incluye la independencia. Este es uno de los principales retos que encara el nuevo jefe del Estado.

El fin de ETA abrió, tras décadas sangrientas, un nuevo horizonte tanto para el País Vasco como para el conjunto de España. La singularidad de este territorio, tanto política como económica (se financia a través del llamado cupo vasco, lo que le permite recaudar sus propios impuestos), estaba inevitablemente ligada a la actividad de la banda terrorista, por lo que el anuncio de su final puede suponer un cambio todavía por calibrar.

El país cuya jefatura del Estado se dispone a ocupar el nuevo rey Felipe VI, es, por todas estas razones, muy diferente al que se encontró su padre. La sociedad española ha cambiado, pero su modelo territorial se ha desarrollado a partir de las bases fijadas en la transición. Su posible evolución fuera de esos márgenes dependerá de la voluntad política y es todavía una incógnita.