Casi la mitad (47,51%) de los 9.002 inmigrantes internados en 2013 en alguno de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que hay en España fueron puestos en libertad porque las autoridades no consiguieron expulsarles del país, una cifra similar a la de 2012.

Así lo ha explicado la defensora del pueblo, Soledad Becerril, en el Senado, donde presenta este martes cuatro estudios distintos. Durante el pasado año, ha añadido, España fletó en solitario o en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex) 148 vuelos de repatriación con los que se deportó a 3.111 inmigrantes, la mayoría a través de Marruecos.

Uno de esos vuelos, de repatriación a Ecuador y Colombia, fue supervisado por técnicos de la institución; el pasado año el Defensor realizó un total de 60 visitas a lugares de privación de libertad y solo seis de ellas fueron anunciadas, según consta en el Informe Anual 2013 del Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP).

La Policía Nacional efectuó el año pasado 49.406 detenciones de inmigrantes por infracciones de la Ley de Extranjería (el 17% menos que el año anterior), siendo Madrid la comunidad en la que hubo más detenciones (3.607), seguida de Andalucía (8.061), Cataluña (5.975) y la ciudad autónoma de Ceuta (4.836).

Por otro lado, la defensora del pueblo ha propuesto al Ministerio de Justicia que regule la elaboración de un único modelo de parte de lesiones de los detenidos para poder esclarecer si han sido sometidos a algún tipo de malos tratos o de torturas. Así consta en el estudio Los partes de lesiones de las personas privadas de libertad.

"Debe quedar muy lejos la imagen aquella de una España pintoresca y anómala que trasgredía derechos fundamentales para situarnos entre los grandes respecto al cumplimiento de derechos humanos", ha asegurado la defensora en la Cámara Alta.

Según Becerril, "España puede exhibir cómo cumple la ley, no hay malas prácticas ni abusos, somos un ejemplo a seguir". No obstante, ha aconsejado "mejorar" los partes y redactar con detalle todos los hechos y de manera homogénea en todas las comunidades autónomas cuando hay lesiones, para poder aclarar si ha habido malos tratos.

Una vez analizados los datos, el Defensor del Pueblo concluye que "persiste una mala cobertura del sistema de videovigilancia en la mayoría de las dependencias visitadas" por lo que no se puede visionar y aportar a posteriori los incidentes que se hayan podido producir, "lo que debería ser corregido".