El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra este viernes un pleno extraordinario para decidir su informe sobre el anteproyecto de ley del aborto, ante el que sus veinte vocales están divididos después tres meses de estudiarlo y de haber aplazado la votación del asunto en tres ocasiones.

El pasado mes de marzo el la Comisión Permanente del CGPJ pidió una prórroga de 30 días para informar de la Ley del Aborto, prórroga que después prolongó hasta el 4 de junio.

Un grupo minoritario de vocales del sector progresista y críticos con el anteproyecto pidió entonces que se aplazara de nuevo ese pleno, movidos por su desacuerdo con el hecho de que el asunto se hubiera dejado para después de la celebración de las elecciones europeas.

En concreto los vocales se quejaban de que disponían de muy poco tiempo para estudiar la segunda de las dos ponencias que se propondrán al pleno para tomarlas como base del informe, la de Carmen Llombart.

En cuanto a las ponencias propuestas por las vocales Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda, la primera es crítica con algunos aspectos del anteproyecto, mientras que la segunda pide directamente su retirada y es mucho más dura con el texto del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Los miembros del órgano de gobierno de los jueces no han llegado a un acuerdo sobre estas dos ponencias y sobre el sentido que debe tener el informe sobre el citado anteproyecto.

Así, mientras que un grupo de cinco vocales progresistas parece cercano a la posición de Sepúlveda, el pasado día 10 de junio otros tres vocales propusieron al órgano de gobierno de los jueces que no se pronuncie sobre la reforma hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso que el PP presentó contra la actual ley.

Se trata de los vocales Mercè Pigem, Enrique Lucas y Fernando Grande-Marlaska, mientras que una cuarta vocal, Núria Díaz, se ha mostrado divergente con las tesis de Llombart y más crítica que ella con la actual ley del aborto.

Mercè Pigem y Enrique Lucas han abogado por esperar a la decisión del Constitucional sobre la ley vigente y recomiendan al Gobierno que "se replantee la conveniencia de aprobar una nueva norma en una materia tan sensible, modificando un sistema como el vigente que presenta un alto grado de aceptación por la ciudadanía, y que no ha arrojado un saldo negativo en su aplicación".

Otro vocal, Fernando Grande-Marlaska, ha aludido en sus alegaciones a la ponencia de Llombart a las razones de seguridad jurídica en el escrito que ha registrado.

Este vocal dice que dados los específicos derechos, libertades y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos afectados en la regulación y teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la Ley vigente, "habría que estar a su resolución".

Díaz considera que desligar el aborto eugenésico de los efectos sobre la salud psíquica de la madre violaría los compromisos internacionales de España en materia de protección de la discapacidad.

Esta vocal recuerda en sus alegaciones que el Comité de Bioética ha considerado, en su informe al anteproyecto, que la despenalización del aborto en la regulación de 1985 y de 2010 en el supuesto de anomalías del feto es "una norma discriminatoria que atenta contra la Constitución española y contra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad".