Los taxistas de media Europa, incluidos los españoles están en pie de guerra y este miércoles se declaraban en huelga por lo que consideran un ataque a su negocio y un intrusismo capaz de acabar con su profesión: la plataforma Uber.

Esta empresa, que pone en contacto y permite compartir vehículo entre particulares a cambio de un precio, es percibida como un peligro para el gremio del taxi e instituciones como el Ministerio de Fomento, la Generalitat y hasta la UE se han pronunciado ya al respecto. He aquí las claves de la polémica.

Se trata de un servicio para compartir vehículo en entornos urbanos. A través de la descarga de una aplicación en el móvil, el usuario detecta los conductores anónimos que se ofrecen en su zona para trasladarle en su coche particular a cambio de un precio previamente establecido.

Cada conductor aporta una serie de datos personales y el tipo de vehículo que posee, para que el usuario escoja el que más le guste y luego pague con su dispositivo electrónico a través de una tarjeta asociada a su cuenta de Uber o bien de Paypal, una de las aplicaciones financieras más populares en la Red.

Las tarifas dependen de la ciudad, con una base mínima a la que se añaden pequeñas cantidades por minuto y por kilómetro hasta el destino final: Uber se queda con una comisión de un 20%.

El sistema fue inventado durante el verano de 2010 por dos jóvenes norteamericanos aficionados a la informática, Garrett Camp y Travis Kalanick, y su nombre original era UberCab, pero las protestas del gremio taxista en EE UU obligó a eliminar 'Cab' ('Taxi', en inglés).

'Über' es un prefijo de origen alemán, cuyo significado ("por encima de" o "más allá de") es fácil de recordar ya que constituye el comienzo y el estribillo de la primera estrofa del antiguo himno alemán: "Deutschland, Deutschland über alles" ("Alemania, Alemania, por encima de todo"). En inglés, el prefijo pierde la diéresis.

Según datos de la propia compañía Uber facilitados hace unos días, la empresa está valorada en unos 18.000 millones de dólares, algo más de 13.000 millones de euros, y posee inversores tan poderosos como Google o el banco Goldman Sachs.

En la actualidad, su servicio está disponible en ciudades de casi 40 países. A España llegó el pasado mes de abril pero de momento sólo está disponible en Barcelona.

Esta especie de taxi a la carta se mueve, según fuentes del sector, en un "limbo legal" por falta de regulación pero está "haciendo daño" al tradicional servicio de taxi. Para integrarse en la peculiar "plantilla" de Uber basta con tener coche propio con su correspondiente seguro además del carné de conducir en regla, lo que contrasta con las duras pruebas y requisitos a las que se someten los taxistas profesionales para obtener su licencia y mantenerla.

Las asociaciones de taxistas califican esta prestación de intrusista y de economía sumergida, recordando que los conductores que usan Uber no pagan impuestos. Esto ha generado que se convoquen en varias ciudades, españolas y otras europeas como Londres, París, Nápoles y Milán, huelgas de transporte de taxi para protestar contra este tipo de plataformas.

Las organizaciones españolas del sector convocaban este miércoles manifestaciones en diferentes ciudades en protesta por la posibilidad de que empresas como Uber puedan operar en España "sin respetar las leyes vigentes". Los taxistas piden al Gobierno un control efectivo y que "detengan al ladrón" frente a la pasividad que vienen demostrando las administraciones públicas desde hace varios años ante el problema de intrusismo que sufre el sector del taxi en España.

En los foros de usuarios, éstos defienden el servicio por su rapidez, comodidad y precio e incluso llegan a invocar criterios medioambientales señalando el ahorro generado al compartir vehículo.

La comisaria europea de Agenda Digital, Neelie Kroes, aseguró ante la polémica que "Uber no es el enemigo de los taxistas" y señaló que es necesario que se tome el camino del diálogo porque "las huelgas no solucionan nada". En unas declaraciones remitidas a los periodistas, Kroes reiteró que es contraria a prohibir los servicios de transporte en vehículos compartidos por particulares como Uber. "Esta innovación no va a desaparecer haciendo chantaje. Es el momento para que los taxis, reguladores y responsables de Uber se sienten a dialogar", señaló.

Fuentes de la compañía de transporte entre particulares aseguraron que ven "desmesuradas" las movilizaciones en su contra y ha pedido a las administraciones "buscar un marco legal" que le permita seguir activa.

En un comunicado, la compañía norteamericana subraya que "no es el enemigo de los taxistas ni del sector", sino simplemente "una aplicación de móvil que pone en contacto a usuarios que buscan fórmulas de consumo colaborativo y una manera más económica de desplazarse".  Por ello, "Uber espera que las administraciones le den una oportunidad de poder hacer bien las cosas. Por ello, seguirá trabajando para poder continuar con el diálogo y buscar un marco legal donde su aplicación pueda seguir contribuyendo al incremento de opciones de movilidad urbana y aportar alternativas en beneficio de los consumidores".

El ministerio de Fomento emitió una nota de prensa en la que se señalaba que quienes realicen servicios de transporte de viajeros sin autorización incurrirán en una infracción muy grave sancionable con multas de entre 4.001 y 6.000 euros, que podrían aumentar hasta 18.000 en caso de reiteración. También pueden ser sancionados los usuarios que contraten los servicios de transportistas no autorizados, con multas de entre 401 y 600 euros.

Sin embargo, Fomento aclaraba poco después que no tiene intención alguna de perseguir a las plataformas que a través de Internet publican anuncios de personas que ofrecen su coche para compartir gastos (como Blablacar o Amovens), sin obtener beneficios a cambio.

Este martes se pronunciaba la Generalitat, avanzando que exigirá a Uber que cese inmediatamente su actividad, y anunció también que castigará cada infracción de la normativa de transporte de viajeros con multas de hasta 6.000 euros.