El texto contempla la conservación de una inversión obligatoria en el cine del 5 por ciento de los ingresos brutos anuales por parte de las televisiones privadas, aunque en un primer momento se pretendía que la inversión de las televisiones fuera del 6 por ciento.
Sin embargo, esta semana la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), grupo que engloba a Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta, Veo y Next TV, rechazó el anteproyecto y afirmó que incluso podría ser inconstitucional.
Los propietarios de las salas de cine también se oponen al anteproyecto por mantener la cuota de pantalla del 25 por ciento para el cine español o europeo, frente al estadounidense, y han amenazado con incumplir la cuota a partir de abril en las más de 4.000 pantallas que existen en España.
'Estamos limitados por todas partes', dijo un portavoz de la Federación de Exhibidores y Cines de España (FEECE), refiriéndose por un lado a la cuota de pantalla y por otro al dominio de las grandes distribuidores imponiendo sus condiciones económicas en el alquiler de películas.
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, defendió la cuota de pantalla, 'que ya existía con Franco', dijo, por ser necesaria para 'proteger el cine nacional y corregir los desequilibrios y la falta de competencia leal'.
Los distribuidores niegan que la exhibición esté en sus manos y recuerdan que las tres primeras empresas de exhibición representan casi el 50% de la taquilla en 2006, cuyo poder de mercado es muy considerable.
El promedio de recaudación en taquilla de una película estadounidense es de 600.000 euros, mientras que la media de un film español es de 250.000 euros, aunque los exhibidores reciben más porcentaje de ganancia de las nacionales.
EXENCIONES FISCALES
Con la nueva ley, los productores disfrutarán de exenciones fiscales de hasta el 18 por ciento en sus proyectos cinematográficos, motivo por el cual otros agentes del sector han señalado que está ley sólo los beneficia ellos.
Por su parte, organizaciones de actores han manifestado que se sienten 'ninguneados' en este anteproyecto.
El Ejecutivo se ha comprometido a buscar el consenso entre todas las partes, una labor que parece ardua a día de hoy dado el distante posicionamiento de los agentes implicados.
'El Gobierno quiere que la ley aúne la defensa del cine como una actividad industrial y también cultural para nuestro país', dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Tras su primera lectura en el Consejo de Ministros, el anteproyecto de Ley debe superar el informe del Consejo de Estado, para después volver al Consejo y posteriormente ser remitido a las Cortes.
Entre las principales novedades del anteproyecto destacan la definición por primera vez de sectores independientes y dependientes, la exigencia de solvencia de los productores para ser receptores de ayudas y la apertura a las nuevas tecnologías, entre otras.
El cine español representa unos 3.000 millones de euros anuales, el 12% de los casi 25.000 millones que aporta la cultura al PIB (el 3,2% del total), según datos del Ministerio de Cultura.
/Por Itziar Reinlein/
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