La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han asestado un duro golpe a una trama de nueve organizaciones que adulteraban el gasóleo bonificado para venderlo a gasolineras y transportistas en 23 provincias y 11 comunidades autónomas. Han sido detenidas cerca de 100 personas en la operación, de la que se ofrecerán más detalles este martes.

En muchos casos, esta actividad ilícita se ha cometido con la connivencia de gasolineras y algunos de los detenidos son empresarios relacionados con los hidrocarburos. Gasolineras de distintas empresas podrían estar implicadas en este fraude. Fuentes de la investigación han destacado que también están implicadas organizaciones criminales que además de dedicarse a esta actividad, desarrollaban otras también ilícitas, como el tráfico de drogas.

Aún no se sabe el monto total del fraude a la Hacienda Pública que ha podido suponer esta actividad. Lo que sí se sabe es que miles de consumidores se han visto afectados por la adulteración del combustible, con los daños que a la mecánica de los vehículos ha podido ocasionar.

Este fraude, que conlleva riesgo para la mecánica de los automóviles al transformar gasóleos B y C, usados en maquinaria agrícola y calefacción, en gasóleo originario tipo A, empleado como combustible para coches y camiones. Además de cambiar el color del combustible, éste era engordado con otros hidrocarburos y sustancias, lo que aumentaba la cantidad de producto puesto a la venta y, en consecuencia, el beneficio obtenido por las redes.

Los gasóleos A, B y C son, en general, sustitutivos los unos de los otros, pero tienen calidades diferentes. El gasóleo A es el de mayor calidad, está más refinado y tiene aditivos que mejoran su rendimiento calorífico y que reducen el impacto en el medio ambiente, así que se usa para los motores de los automóviles, que son más delicados. El gasóleo B se emplea para maquinaria agrícola y el C se emplea para calefacción, ya que su calidad es menor.

Milagros Avedillo, subdirectora de hidrocarburos líquidos y biocarburantes en la Comision Nacional de Mercados y Competencia, aclara que este fraude no va a provocar "una catarata de coches averiados". Avedillo explica que usar gasóleos B y C en automóviles ensucia más el motor y contamina más, pero que sólo provoca averías con un uso continuado y a largo plazo. "Si lo usas en un camión, seguramente, ni se entera", concluye.

El precio medio del gasóleo A esta semana es de 1,33 euros el litro, en tanto que el de los tipos B y C es de en torno a un euro y de 0,88 céntimos, respectivamente, por lo que la ganancia por esta actividad delictiva oscilaría entre un mínimo de 16,5 euros y un máximo de 27 euros por un depósito de un automóvil de entre 50 y 60 litros de capacidad. Dado su precio más barato, miles de consumidores han repostado este combustible sin ser conscientes del peligro que entrañaba para sus vehículos.

El fraude, por tanto, está sobre todo en el precio y en el pago de impuestos. Ofrecían un producto de menor calidad a un precio superior, y además aumentaban el margen de ganancia porque los gasóleos B y C tienen un gravamen menor al del gasóleo A.

Dada su adulteración y posterior "engorde" otras sustancias de hidrocarburos, lograban obtener más volumen de gasóleo y, por consiguiente, más beneficio. Los agentes están llevando a cabo medio centenar de registros e inspecciones e unas cincuenta gasolineras de toda España.

La operación, aún abierta, ha satisfecho al presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Javier Bru, quien ha dicho que los empresarios son "los primeros interesados en que se depuren responsabilidades".  "Aquel que no cumpla con la normativa debe quedar fuera de éste o cualquier de otro sector", ha afirmado.

Mientras, la Asociación de Consumidores Facua ha reclamado que las autoridades den a conocer el nombre de las gasolineras implicadas en la operación policial. El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ha pedido "transparencia" para que trasciendan los nombres de las gasolineras implicadas en el presunto fraude porque "se ha creado una sombra de sospecha sobre todo el sector de gasolineras en España".

Desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, su vicepresidenta, Isabel Rodríguez, ha querido destacar que la inmensa mayoría del sector cumple con la normativa. "Nuestro gremio es fiel a lo que mandan los cánones en materia de impuestos. El 99% del sector se caracteriza por su honradez. Somos los primeros que defendemos a la Administración y cumplimos con ella. Queremos que sobre estos defraudadores caiga todo el peso de la ley", ha señalado en declaraciones a 20minutos.

La investigación, que comenzó hace más de dos años, ha determinado que nueve grupos se dedicaban a adulterar y comercializar el gasóleo, que se vendía en muchas gasolineras a un precio más barato que el habitual, han precisado las mismas fuentes, que han querido dejar claro que estas bandas actuaban de forma independiente y no estaban, por tanto, lideradas por ningún cabecilla.

Más de 500 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil participan en este dispositivo, que se desarrolla, entre otras provincias, en Madrid, Pontevedra, Toledo, Zamora, Almería, Cuenca, Murcia, Tarragona, Alicante, Castellón, Granada y Albacete. Uno de esos registros lo están practicando varios agentes de la Guardia Civil y un perro adiestrado en el paseo de las Delicias número 25 de Madrid, en una oficina del grupo Sut situada en el primer piso.

No es la primera vez que se lleva a cabo una redada de este tipo. Ya en 2009, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria arrestaron a 23 personas miembros de una organización por este mismo delito y que había defraudado a Hacienda más de 6,5 millones de euros entre los años 2004 y 2008.