En mayo supimos que casi 49.700 familias perdieron su casa en 2013 y que de esa cantidad 28.173 fueron desahucios. Las medidas adoptadas por el Gobierno no han cerrado la herida. En todo ello, sorprende que el Fondo Social de Vivienda solo haya adjudicado 850 de sus 6.000 casas disponibles.

Sin embargo el ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que el Gobierno es "el único" que ha tomado medidas para ayudar a las personas que han perdido o estaban en riesgo de perder su vivienda, y que desde 2012 se han beneficiado de las mismas más de 15.000 familias.

En una intervención en el pleno del Senado, en respuesta a una interpelación formulada por el senador de IU José Manuel Mariscal, De Guindos ha recordado que se han producido casi 5.000 reestructuraciones de deuda viable y unas 1.600 daciones en pago, y se han suspendido más de 8.000 lanzamientos.

De Guindos ha explicado también que de las casi 6.000 viviendas con las que se dotó al Fondo Social de Vivienda se han adjudicado "prácticamente 850". Y ello pese a que el titular de Economía ha insistido en que se han flexibilizado los criterios que se aplican para poder acceder a una vivienda del fondo, del que ahora pueden beneficiarse también las familias con hijos menores o los jubilados que hayan avalado las deudas de sus hijos o nietos, entre otros.

Además de proteger a los deudores hipotecarios, De Guindos ha defendido que el Gobierno ha puesto en marcha medidas para reequilibrar el marco general aplicable al mercado hipotecario.

En ese sentido, se han restringido los intereses de demora a tres veces los intereses legales del dinero, se ha limitado el valor de la tasación para la subasta a no menos del 75% del valor en el momento de la escritura y se ha aportado más seguridad a la comercialización de productos financieros, entre otras medidas.

De Guindos ha señalado también que existe una recuperación en los flujos de crédito nuevo, especialmente a pymes y en la financiación al consumo, y que se empieza a ver ligeramente en la financiación hipotecaria.

El Fondo Social de Viviendas nació con una dotación de 5.891 viviendas de un total de 33 entidades de crédito; Bankia, con 1.000 viviendas, BBVA (900), CaixaBank (850), Banco Santander (441) y Catalunya Banc (355), fueron las que más aportaron.

Los requisitos iniciales para acceder a una de estas casas recibieron muchas críticas y el pasado mes de abril el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, reconoció que no había "satisfacción" en el Gobierno con el número de viviendas alquiladas. Asimismo, anunció que ese era el motivo por el que se iba a realizar una revisión para saber si el sistema era "excesivamente exigente o poco atractivo".

En el primer año de aplicación del FSV, el 2013, se recibieron 1.537 solicitudes y se adjudicaron 780 viviendas. Para acceder, una familia tenía que haber perdido su residencia habitual, tener unos ingresos familiares mensuales inferiores a 1.600 euros y además debía cumplir alguno de los supuestos de vulnerabilidad fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios durante dos años.

La norma estipulaba que podrían optar a un alquiler del fondo familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar. También tenían derecho algunas víctimas de la violencia de género, deudores en paro y sin prestación por desempleo, entre otros.

El pasado 9 de mayo, la Comisión de Coordinación y Seguimiento acordó flexibilizar los requisitos. Ahora también pueden solicitar una casa las personas prejubiladas o jubiladas que hayan avalado las deudas de sus hijos o nietos, unidades familiares con hijos menores o personas con dependencia o discapacidad para las que la casa sea un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía, entre otros.

También se pueden adjudicar a quien haya perdido su vivienda como resultado de una dación en pago y que solicite un alquiler social y a los que, habiendo sido objeto de una ejecución hipotecaria que hubiese culminado con la adjudicación de la vivienda, no hayan llegado a ser desalojado y desee seguir ocupándola en régimen de a lquiler en las condiciones del Convenio.

Fuentes del Ministerio de Economía han explicado a 20minutos que es muy pronto para evaluar si esta flexibilización de los requisitos ha dado sus frutos, recuerdan que, precisamente, se decidió modificar el convenio para dar un impulso al Fondo Social y señalan que la cifra que ha dado el ministro De Guindos —las 850 viviendas adjudicadas— no estaba en vigor a 3 de junio, sino que sería válida hasta el primer trimestre de este año.