Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas denunciaron la precariedad del proyecto de ley sobre víctimas del franquismo y la guerra civil que se tramita en el Congreso.
Su principal reproche es que, tal y como está redactado, no cumple su objetivo: reparar a las víctimas de la represión.
El Estado no asume responsabilidades por la represión durante el franquismo y la Guerra Civil en este proyecto
Javier Zúñiga, de Amnistía Internacional, aseguró que el texto obstaculiza los derechos fundamentales de las víctimas porque les niega el conocimiento de las causas de la represión y la identidad de quienes la ejercieron.
Zúñiga añadió que, si no es sometido a "cirugía mayor", el proyecto se convertiría en un pésimo ejemplo en la lucha internacional contra la impunidad.
Wilder Tayler (Human Rights Watch) fue más allá y recordó que el Estado no asume responsabilidades por la represión durante el franquismo y la Guerra Civil en este proyecto, ni menciona las normas internacionales de derechos humanos.
Contradicción española
Federico Andreu, de la Comisión Internacional de Juristas, recordó que resulta contradictorio que España haya liderado procesos internacionales en favor de la verdad y la justicia y ahora le resulte tan difícil comprometerse con la verdad en su propio país.
Sin embargo, estos expertos creen que aún hay tiempo y voluntad política para mejorar el proyecto legal.
Para conseguirlo, matizan, habría que consagrar el derecho a la verdad a través de un procedimiento imparcial en el que todas las víctimas estén igualmente reconocidas y tratadas, se les permita conocer la identidad de los represores y reciban una reparación moral que no se limite a la entrega de un certificado.
Aún quedan las enmiendas
En julio de 2006 el Gobierno aprobó un proyecto de ley cuya tramitación parlamentaria quedó desbloqueada el pasado día 6 tras cerrarse el plazo de presentación de enmiendas parciales.
Aparte de la oposición del PP, el texto contó con el rechazo previo de ERC e IU-ICV.
Entre otras iniciativas, la ley permite a las víctimas pedir su reparación moral con una declaración pública de reconocimiento, amplía la cantidad y los destinatarios de pensiones e indemnizaciones, y obliga a las administraciones a facilitar la recuperación de cuerpos de los represaliados.
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