Tres de las principales organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos (Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas) presentaron el jueves un informe en el que denuncian la precariedad del proyecto de Ley sobre víctimas del franquismo y la Guerra Civil que se tramita en el Congreso.

El principal reproche de la comisión de expertos de estas organizaciones es que el proyecto del Gobierno, tal y como está formulado ahora mismo, no cumple su objetivo: reparar a las víctimas de la represión.

Ni verdad ni justicia

En este sentido, Javier Zúñiga, de Amnistía Internacional asegura que el proyecto de ley no garantiza el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas. Así, Zúñiga indica que, lejos de cumplir sus objetivos "el texto obstaculiza los derechos fundamentales de las víctimas", porque les niega el conocimiento de las causas de la represión y la identidad de quienes la ejercieron.

Según Wilder Tayler, de Human Rights Watch, "en el proyecto, el Estado no asume responsabilidades por la represión durante el franquismo y la Guerra Civil, ni menciona las normas internacionales de derechos humanos". Javier Zúñiga reconoce que, de seguir como está ahora, el proyecto de ley se convertiría en un pésimo ejemplo para una comunidad internacional que está pendiente de esta iniciativa.

Por su parte, Federico Andreu, de la Comisión Internacional de Juristas, ha recordado que resulta contradictorio que España haya liderado en los últimos años procesos internacionales en favor de la verdad y la justicia y ahora le resulte tan difícil comprometerse con la verdad en su propio país.

Estamos a tiempo

A pesar de sus graves deficiencias, asegura Zúñiga, el texto está a tiempo de ser mejorado en su fase de tramitación parlamentaria. "En nuestra reunión con los diferentes grupos parlamentarios hemos visto predisposición para retocar un proyecto de ley que necesita cirugía mayor", recuerda Zúñiga.

Así, según Wilder Tayler, el proyecto debería consagrar el derecho a la verdad a través de un procedimiento imparcial, en el que todas las víctimas estén igualmente reconocidas y tratadas. También, prosigue, debería ser comprensivo, "que permita emerger toda la verdad y conocer los motivos y la identidad de los represores".

Asimismo, Tayler considera necesario que la ley sea participativa -que no convierta a la víctima en un ser pasivo-, además de dignificante, es decir, que la reparación moral no se limite a la entrega de un certificado a la víctima, "porque la verdad privada no resarce". Finalmente, el proyecto debería permitir cerrar y pasar página.

Qué prevé el proyecto de ley