Ignacio González y Julio Beamonte estrecharon sus manos delante de los medios de comunicación el 27 de noviembre de 2012. El presidente de la Comunidad y el director de Cáritas en la región sellaban así el acuerdo por el cual la ONG gestionaría las 1.000 viviendas públicas que el Ejecutivo autonómico iba a poner a disposición de madrileños desahuciados o en riesgo de serlo. Un año y medio después, sin embargo, solo hay 170 familias realojadas de entre las más de 4.000 que pidieron auxilio.

Aunque la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda asegura que el número de acogidos asciende a 200, Cáritas precisa que son aún menos: "Hay 170 en el programa. Entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2013 recibimos 4.600 solicitudes. De esas, 1.600 fueron admitidas. Unas 1.500 no cumplieron los requisitos y otras 1.500 no completaron el proceso, aunque seguimos recogiendo sus peticiones según lo van haciendo", relata a 20minutos José Carlos García-Donas, subdirector de Vivienda de Caritas.

¿Qué ha pasado para que apenas el 11% de los potenciales beneficiarios tenga hoy la ayuda de la Administración?

La Consejería lo achaca, en primer lugar, a la dificultad de disponer de pisos. La mayoría de las casas del parque público que ha ofrecido a Cáritas han sufrido ocupaciones ilegales, por lo que necesitaban de grandes inversiones.

Los costes de pintura, renovación de suelos, sustitución de calderas, dotación de cocina, horno y fregadero, amén de otros retoques puntuales, han supuesto entre 1.000 y 6.500 euros en cada caso, según el departamento que dirige Pablo Cavero. Ese dinero, de acuerdo al protocolo de colaboración firmado, no ha salido del bolsillo de la Administración, sino de los fondos que consigue la ONG. "Hemos gastado miles de euros", confirma García-Donas.

La segunda explicación al retraso es que el ejecutivo autonómico solo ha ofrecido, hasta el momento, cuatro centenares de inmuebles, y no los 1.000 previstos.

"Hemos visitado 400, pero descartamos la mayoría porque les faltaban las puertas, las ventanas, las canalizaciones... Estaban vandalizadas y suponían demasiado dinero. Al final, nos quedamos con 170. Preferimos gastar menos y dar ayuda a más familias. No podemos remodelar entero un piso que es público", insiste el portavoz. La organización benéfica ha ayudado a 200 familias más a renegociar sus condiciones con los bancos evitando que acaben en la calle.

La Comunidad de Madrid argumenta que el plan para desahuciados no es el único que tiene en marcha. "En 2013 se entregaron 600 viviendas a personas o familias en situación de especial necesidad. Las últimas 11, además de otras 35 del Plan Joven, se han adjudicado esta semana en Madrid, Alcalá, Coslada, Rivas, San Martín de la Vega y San Martín de Valdeiglesias. En paralelo, se ha reducido el precio del alquiler a 5.000 inquilinos del Instituto de la Vivienda y a 2.000 del Instituto de Realojamiento e Integración Social", explican desde la Consejería.

El departamento que dirige Pablo Cavero añade, también, que la iniciativa tiene cinco años de vigencia, por lo que se encuentran en plazo para cumplir los objetivos e, incluso, para destinar más de los 1.000 pisos iniciales.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) juzga "insuficientes" estas medidas y solicita a la Comunidad de Madrid que emprenda una "auténtica política de vivienda pública". "Las listas de espera para personas en situación de especial necesidad no se conocen. En noviembre se acaba la moratoria de 2 años que aprobó el Gobierno para los desahucios, pero estos se siguen produciendo y habrá una nueva avalancha. Además, Comunidad y Ayuntamiento han vendido 5.000 viviendas públicas a fondos buitre", critica el colectivo.

Según los últimos datos recopilados por el Banco de España, 38.961 familias perdieron su vivienda habitual por no pagar la hipoteca en 2013. Otras 10.733 correspondieron a locales o segundas residencias. La cifra ascendió un 11% respecto al año anterior. Aproximadamente el 13% de las ejecuciones tienen lugar en la Comunidad de Madrid, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Las viviendas del plan autonómico para desahuciados pertenecen al Instituto de la Vivienda de Madrid de entre 70 y 90 metros cuadrados. Aunque el 66% están en la capital, también se encuentran en Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Coslada, Galapagar, Leganés, Parla, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos, Valdemoro, Navalcarnero, Pinto y Villanueva de la Cañada.

El acceso es prioritario para quienes sufran situaciones urgentes, padres y madres con menores a su cargo o personas en riesgo de exclusión social. Estas pueden disfrutar del piso durante un período máximo de cinco años. El alquiler mínimo son los gastos de comunidad, en torno a 60 euros. Los que más pagan deben abonar entre 200 y 230 euros mensuales.