El Tribunal Supremo de EEUU falló este martes a favor de los presos con discapacidad intelectual al asegurar que los estados deben utilizar otros parámetros, además del coeficiente intelectual, para decidir si un reo puede ser ejecutado. El magistrado Anthony Kennedy, tras una votación 5 contra 4 sobre un caso de Florida, indicó que la práctica utilizada en ese estado dejaba de lado los estándares médicos modernos que señalan que el coeficiente intelectual debe ser considerado junto a otros elementos para evaluar la capacidad mental de un individuo.

De este modo, el máximo tribunal de EE UU exige a Florida que aplique un margen de error a sus exámenes de coeficiente intelectual, tal y como estipulan los estándares médicos, y fortalece así los requisitos para llevar a cabo las ejecuciones. Florida consideraba que cualquier puntuación en la prueba de coeficiente intelectual por encima de 70 puntos suponía que el preso era apto mentalmente y por tanto podía ser ejecutado. Las directrices médicas actuales permiten que el nivel alcance los 75 puntos debido a que se considera un margen de error.

"La ley de Florida contradice la práctica médica habitual en dos modos interrelacionados: toma el coeficiente intelectual como la evidencia final y concluyente de la capacidad intelectual de un acusado; y confía en la supuestamente científica medición de sus capacidades, mientras que rehúsa reconocer la imprecisión inherente de esta medida", dice Kennedy en su justificación del fallo.

El caso 'Hall contra Florida' se refiere a la sentencia de pena de muerte para Freddie Hall por el asesinato en 1978 de Karol Hurst, una mujer de 21 años que se encontraba embarazada cuando fue asesinada. Hall fue condenado a muerte y en 1999 obtuvo una puntuación de entre 71 y 80 en sus pruebas de inteligencia, aunque posteriormente con nuevos exámenes registró un resultado de entre 71 y 75.

La Corte Suprema decidió en 2002 en otro caso que en este país es inconstitucional ejecutar a una persona que tiene discapacidad intelectual.

Aunque la pena capital se mantiene en más de 30 estados, el número de ejecuciones en el país se reducido paulatinamente en los últimos años, desde el tope de 98 en 1999 a 38 en 2013, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.