El juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja acordó el miércoles archivar provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo (PP), y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación.
A todos ellos se les imputaba este delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.
A juicio de la magistrada del caso, Juana López, no ha quedado suficientemente acreditado y, en cualquier caso, ese procedimiento es legal, al contrario de lo que aseguran los denunciantes (PSOE).
Además, la magistrada indicó que está contemplado para aquellos casos en los que los ayuntamientos necesiten los servicios de ciertas empresas, pero no haya dotación presupuestaria.
Para López no se demostró ningún veto ni oposición a que el Ayuntamiento contratara estas empresas.
En aquel momento, tampoco se produjo ninguna anulación de esos expedientes por parte de los tribunales contencioso-administrativos y, por ello, ha sobreseído el caso.
El PSOE recurrirá
Los socialistas de Torrevieja habían denunciado, en abril de 2006, que el gobierno local del PP utilizó, entre 2002 y 2004, el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos para pagar a ciertas empresas, sin que se conocieran los criterios para contratarlas,y a pesar de la existencia de documentos en contra.
Los denunciantes aseguran que el Ayuntamiento ha pagado, mediante este procedimiento, más de 15 millones de euros durante varios años, y recurrirán la decisión judicial debido a que "no se ha realizado actuación instructora alguna".
Sigue el juicio por el ‘caso parkings’
Ayer declaró el interventor general del Ayuntamiento de Alicante, Francisco Guardiola, en el 'caso parkings', en el que están imputados el alcalde de Alicante y los concejales de Tráfico y Urbanismo, entre otros.
Dijo que autorizó la modificación de las obras porque estaban avaladas por un informe y no superaban el 20% del presupuesto inicial de la construcción.
La acusación particular, ejercida por el dirigente vecinal José Luis Valdés, critica que el interventor no ejerció su función de vigilancia, y dice que fueron dos las modificaciones sobre los aparcamientos de Ortiz, que en total representaban el 22% del presupuesto inicial.
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