Los expertos, como la ONG estadounidense American Anti Slavery Group, calculan que hoy en día hay 27 millones de esclavos repartidos por distintos países.
Uno de ellos es Mauritania, como informa Reuters.
Los esclavos en ese país no llevan cadenas, ni llevan marcas sobre la piel, pero todavía deben obediencia y sumisión a sus amos, en un sistema que lleva vigente durante cientos de siglos y que se resiste al avance de la democracia en la república islámica del norte de África.
Heredando el trabajo de sus padres, miles de ciudadanos de Mauritania, según las organizaciones opuestas a la esclavitud, como SOS Slaves, se ven obligados a ejercer de sirvientes para las clases altas de una sociedad altamente jerarquizada y en manos todavía de un junta militar que se hizo con el poder tras un golpe de Estado en agosto de 2005.
Una ley inservible
Mauritania aprobó un decreto aboliendo esas prácticas en 1981, pero todavía están presentes en todo tipo de abusos laborales e incluso sexuales.
Además, como asegura Boubacar Messaoud, nacido esclavo y actualmente uno de los principales líderes que abogan por la erradicación de estas prácticas, "el Estado nunca ha procesado a nadie por esto".
Aunque los líderes islámicos del país lo niegan, los que abogan por la abolición de esta cruel tradición -que según los historiadores se remonta al siglo VII d.C., con la llegada de los invasores árabes al África subsahariana- aseguran que se trata de conductas firmemente arraigadas en la mente de todos los mauritanos y que afectan especialmente a los grupos étnicos de color pero que se extienden entre todos los grupos raciales del país.
Las clases dirigentes miran para otro lado
La Unión Europa se ha ofrecido a financiar un estudio sobre el tema, propuesta que ha sido rechazada por la junta que todavía gobierna el país, según diplomáticos de Nouakchott entrevistados por la agencia de noticias estadounidense.
El próximo día 25 se celebrarán elecciones presidenciales entre dos candidatos, que entre otras cosas deberán hacer frente a la fuerte desigualdad social y racial.
Los activistas dicen que le ha solicitado al jefe de la junta militar saliente, el coronel Ely Ould Mohamed Vall, que incluya una prohibición expresa de la esclavitud en la Constitución del país, a lo que éste se ha negado.
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