El 19 de febrero, fueron hallados en una carretera guatemalteca los cadáveres de los tres diputados del Parlamento regional y su chofer, acribillados a balazos y quemados.
Pocos días más tarde, los cuatro detectives arrestados por sospechas sobre el caso - entre ellos uno de los jefes de investigación contra el crimen organizado - fueron asesinados en su celda de la cárcel.
Las autoridades han responsabilizado del crimen a poderosos cárteles del narcotráfico con lazos tanto en El Salvador como en Guatemala. El caso también ha dirigido las miradas hacia la existencia de grupos armados clandestinos que operan dentro las fuerzas de seguridad guatemaltecas.
Las cuatro personas, tres hombres y una mujer, arrestados cerca de la frontera con El Salvador, fueron grabados en una gasolinera comprando combustible para quemar los cadáveres, dijeron autoridades.
'Tenemos información de que ellos son parte de los autores intelectuales del crimen y que participaron en la búsqueda de droga o dinero en el carro de los diputados', dijo a periodistas el ministro del Interior, Carlos Vielmann, mientras los sospechosos eran presentados ante un tribunal.
Los cuatro policías arrestados originalmente por el crimen murieron a manos de lo que testigos y organizaciones de derechos humanos describieron como un grupo de hombres armados que entró a la prisión por la puerta principal, para evitar que revelaran detalles sobre sus actividades ilegales.
Sin embargo, la versión de las autoridades es que las muertes fueron causadas por pandillas de prisioneros quienes introdujeron armas de contrabando a la cárcel y actuaron en colaboración con los guardias.
Otro policía se entregó a las autoridades poco después de que sus compañeros fueron asesinados y testificó la semana pasada ante un tribunal que secuestraron a los diputados para buscar drogas en su vehículo.*.

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