El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero se ha acogido este lunes a su derecho constitucional a no declarar ante la jueza que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que lo había citado esta semana junto a otros 24 imputados como miembro que fue del Consejo Rector del IFA/IDEA, la agencia pagadora de las ayudas investigadas.

Fuentes del caso han informado de que, "por indicación de su abogado", el exalto cargo de la Junta se ha acogido a su derecho a no declarar ante la magistrada Mercedes Alaya, tras lo que se ha celebrado una comparecencia en la que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones han solicitado medida cautelar alguna para el imputado.

Guerrero ha permanecido ante la jueza Alaya cinco minutos, según las mismas fuentes consultadas. Cabe recordar que la jueza ya impuso en su día una fianza de responsabilidad civil de 686 millones de euros a Guerrero, que ha estado hasta en dos ocasiones encarcelado por el caso ERE.

La jueza citó a Guerrero "ante la ampliación de los hechos que le fueron imputados en su día por su actuación en el Consejo Rector" de IDEA y "por si quisiera añadir algún extremo".

Tras Guerrero, ha comparecido ante la magistrada el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández y el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá. El primero de ellos también se ha acogido a su derecho a no declarar. Tampoco para él ha pedido la Fiscalía ninguna medida cautelar.

Los dos primeros imputados citados este lunes en el caso de los ERE por las ayudas aprobadas por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) no han declarado, el primero por enfermedad y el segundo porque se ha acogido a su derecho a no hacerlo.

Francisco Mencía, director general del IFA entre 2003 y 2004, ha aportado un certificado médico sobre el tratamiento que debía recibir este lunes y se ha ofrecido a comparecer el próximo jueves, han informado fuentes del caso.

El segundo imputado, Miguel Ángel Serrano Aguilar, que ocupó dicho cargo entre 2004 y 2008, se va a acoger a su derecho a no declarar y no va a ratificar su declaración como testigo ante la Guardia Civil, han añadido las citadas fuentes.

Mientras, Alaya ha decidido aplazar al 5 de junio la declaración como imputado del presidente de Unicaja, Braulio Medel, quien había sido citado inicialmente para este miércoles día 21 de mayo.

En su auto, la magistrada Mercedes Alaya acepta la petición realizada al respecto por el abogado de Medel, que había alegado para ello "motivos personales", y lo cita a declarar el próximo 5 de junio a partir de las 10,00 horas.

En el mismo auto notificado este lunes a las partes, la instructora rechaza la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción para que suspendiera las 25 declaraciones de imputados previstas para esta semana y asegura que la causa de los ERE se encuentra ya en su "recta final".