En la querella se acusaba a Del Olmo y Olga Sánchez de haber destruido pruebas del 11-M al autorizar el desmantelamiento de los vagones en los que explotaron las bombas y la "inhumación sin previa autopsia" de los terroristas que se suicidaron en Leganés.
El auto del TS que archivó el pasado 11 de enero dicha querella explicaba que Bernard viene ejercitando "un importante número de acciones contra personas e instituciones relevantes de la vida pública española".
Además, señalaba que el juez realizó todas las pruebas que consideró necesarias en los vagones, y que sólo después los devolvió a RENFE, que es su legítimo propietario y el único responsable de su conservación y destino.
Delito de acusación
El Supremo afirma que la querella "no solo carece de todo apoyo técnico jurídico, sino que sobrepasa de forma manifiesta los límites del prudente ejercicio de las acciones penales y entraña un manifiesto abuso de derecho y fraude procesal", afirmaba el Supremo.
Por ello, no sólo archivó la querella, sino que consideró que Bernard puede haber incurrido en un delito de acusación y denuncia falsas, castigado con hasta dos años de prisión, y a instancias de la Fiscalía pidió que fuera investigado por los Juzgados de Madrid.

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