Media docena de organizaciones internacionales han remitido una carta conjunta al ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, para pedirle la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada que derogará la vigente legislación reguladora del aborto.

Se trata de la Alianza por la Solidaridad, Human Rights Watch, el Centro de Derechos Reproductivos; European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development (EuroNGOs); la Federación de Planificación Familiar Estatal y Rights International Spain, que alertan del retroceso que supondría tal ley en España.

Para estas organizaciones, la iniciativa es una "grave amenaza para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres" y, de aprobarse, "el país se apartaría de la tendencia seguida por la gran mayoría de los países de la Unión Europea y se expondría al rechazo de organismos de derechos humanos internacionales y europeos".

"Las normas internacionales de derechos humanos reconocen que el acceso a abortos legales y seguros es fundamental para el disfrute y el ejercicio efectivos de los derechos humanos por parte de mujeres y jóvenes, incluido el derecho a la vida, a no ser discriminadas y a la igualdad, a la salud, a la privacidad, a decidir sobre el número de hijos e hijas y el intervalo entre los nacimientos, y a no ser objeto de trato cruel, inhumano o degradante", exponen en la misiva.

En esta línea, recuerdan que diversos órganos internacionales especializados, como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, "han expresado preocupación con respecto a la relación entre las leyes restrictivas en materia de aborto, los abortos clandestinos y los riesgos para la vida, la salud y el bienestar de mujeres y jóvenes".

"El gobierno español debería adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que las mujeres y las jóvenes en España disponen de toda la información necesaria y tienen acceso sin obstáculos, a servicios de aborto legales y seguros en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y otros derechos humanos", dicen las organizaciones.

Por otro lado, la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, se ha pronunciado "como mujer y como abogada" en contra de la reforma del aborto y ha acusado al Minsiterio de Justicia de falta de interlocución en leyes como la de tasas judiciales o la justicia gratuita.

"Como mujer y como abogada no estoy a favor de la ley", ha señalado Gumpert, la primera mujer que dirige el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), durante la presentación del balance de gestión de su primer año de Gobierno al frente de una institución "apolítica y aconfesional".

Durante su comparecencia, ha criticado que el Ministerio de Justicia no haya hablado "suficientemente" con la Abogacía a la hora de redactar leyes como la de justicia gratuita o la de las tasas judiciales, dos de los asuntos con los que se comprometió la decana al tomar posesión de su cargo el 15 de enero del 2013.