Vicente del Pino, un conocido cirujano plástico de Madrid, que ha sido objeto de "decenas" de denuncias y reclamaciones, ha sido condenado a indemnizar a dos pacientes, en ambos casos por sendas intervenciones quirúrgicas practicadas "sin consentimiento informado" suficiente y que terminaron con secuelas.

Así lo explica la Asociación El Defensor del Paciente en una nota de prensa en la que informa de las dos sentencias de dos juzgados de Madrid, una que afecta a una mujer procedente de Murcia, a quien el Centro de Cirugía Estética Serrano 76 deberá indemnizar con 140.000 euros, y otra de Santiago de Compostela, cuya indemnización ha quedado pendiente de otro pleito.

El Defensor del Paciente, que ha tramitado ambos casos, recuerda que ya en 2009 pidió a la fiscalía de Madrid que investigase a este médico por decenas de quejas y una sentencia en contra —fue condenado en febrero de 2009 a pagar 93.000 euros a una paciente por una cirugía defectuosa de reducción mamaria— y solicitó la adopción de medidas al Ministerio de Sanidad y a la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre) para "salvaguardar la salud de las personas que acuden a este cirujano" plástico.

En el primero de los casos, el Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Madrid, condena al Centro Estética Serrano a que indemnice a la ciudadana P. B. L. con 140.000 euros más intereses y costas. La paciente fue intervenida en 2007, en una misma cirugía, de una lipodistrofia, una abdominoplastia, una mastopexia, un relleno facial y una liposucción.

Según el Defensor del Paciente, la paciente, además de haber estado "a punto de morir en la intervención", tuvo un "postoperatorio con tremendas necrosis en las zonas intervenidas, especialmente el abdomen, que le han dejado graves secuelas estéticas y funcionales".

La sentencia, que estima íntegramente la demanda, condena al médico por entender que "no hubo un consentimiento informado adecuado" y sí una "probada" mala praxis en la cirugía.

En el segundo caso, el Juzgado nº 6 de Primera Instancia de Madrid condena al cirujano por el resultado de una cirugía practicada en 2002 a una paciente gallega para corregirle una cicatriz en el labio superior, "sin consentimiento informado, lo que le ha provocado una serie de daños y perjuicios, así como complejos tratamientos posteriores".

"El cirujano realizó la intervención quirúrgica, pero el resultado fue negativo, tras el cual hubo que realizar varios tratamientos correctores con distintas técnicas, del abono de las cuales se hizo cargo el citado cirujano", dice la nota del Defensor.

Aunque, según el juez, no se pudo demostrar que la intervención practicada fuese conforme a la buena praxis médica, ni que se garantizase el resultado, sí se trata de un caso de "medicina satisfactiva" y "en modo alguno curativa".

El juez considera que en este caso "el deber de informar es más exhaustivo", comprendiendo no solo las posibilidades de fracaso de la intervención.

La sentencia, que no es firme, condena al cirujano a indemnizar el daño causado, que se configura en la posibilidad de no haber padecido todos los tratamientos posteriores derivados de la intervención. La determinación de la cantidad a indemnizar se deja para un pleito posterior.

Por su parte, el abogado de Vicente del Pino, José María Ramírez, mostró a 20minutos su "sorpresa" por las sentencias. Según Ramírez, de la primera sentencia, que obliga a su cliente a pagar 140.000 euros, "el único conocimiento que tengo es la libre absolución".

Respecto a la otra sentencia, el abogado deja claro que está recurrida y que le sorprendería mucho que Del Pino tuviera que indemnizar al demandante, ya que "el juez deja claro que no existió mala praxis".

La Secpre, de momento, ha abierto un expediente informativo al doctor Vicente del Pino "con las informaciones sobre su actividad profesional facilitadas por la Asociación El Defensor del Paciente", según ha señalado en un comunicado.

La apertura de dicho expediente se ha comunicado a los representantes legales del facultativo, que ahora pueden presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Una vez analizadas las informaciones recopiladas y las alegaciones recibidas por una Comisión Deontológica, la Secpre podría contemplar que "el expediente informativo diese paso a un expediente disciplinario, una de cuyas consecuencias es la expulsión de esta institución".