La mayoría de las mujeres que acuden al juzgado a solicitar medidas de protección por violencia machista en Cataluña y Madrid salen sin el amparo que han ido a pedir. Cataluña es la Comunidad Autónoma española donde más órdenes de protección se deniegan: en 2013 se rechazaron el 63% de las peticiones, cuatro puntos porcentuales más incluso que en 2012. Por su parte, en Madrid el 55% de las demandas recibieron un no por respuesta (51% en 2012). Por contra, el año pasado en La Rioja solo se desestimaron el 8% de las solicitudes; en Murcia, el 14% y en Andalucía, el 37%. La disparidad regional en la adopción de órdenes de protección preocupa a la abogacía y al Poder Judicial, cuyo Observatorio para la Violencia de Género investiga ya, juzgado a juzgado, las razones que explican esta desigualdad.

La Asociación de Mujeres Juristas Themis cree que los datos sobre las negativas a las órdenes de protección deberían hacer saltar todas las alarmas. "Es espeluznante que la respuesta jurídica efectiva sea tan diferente de unas Comunidades a otras. Es algo completamente contrario a la Constitución Española", asegura la vicepresidenta de la asociación, María Ángeles Jaime de Pablo. La portavoz del Poder Judicial en materia de Violencia de Género, Ángeles Carmona, también se muestra preocupada y deseosa de saber por qué hay tanta diferencia de unas regiones a otras, así como "si influye el hecho de que un juzgado esté especializado en violencia de género a la hora de adoptar más o menos órdenes de protección".

Las órdenes de protección son resoluciones judiciales que consagran la "protección integral" de las víctimas de violencia de género. Las que más se aplican son, en lo penal, la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación o la privación de libertad del presunto agresor. En lo civil, la suspensión del régimen de visitas (a los hijos) o la atribución de la vivienda.

En la última memoria del Consejo General del Poder Judicial (2013) constan 32.831 peticiones de medidas de protección en el conjunto de España, de las cuales 13.482 fueron denegadas, el 41% —cuatro de cada diez—. Pero el acceso a la protección no es igual en todo el territorio. Las Comunidades que más peticiones procesan (Cataluña y Madrid) son las que cuentan con más juzgados específicos de violencia de género y a la vez son las que presentan un mayor porcentaje de negativas a la protección. Mientras, La Rioja, Murcia, Extremadura, Valencia y Aragón concedieron el año pasado al menos tres cuartas partes de las solicitudes de amparo.

"En Cataluña la situación merece un estudio bien hecho", opina la letrada Mercè Claramunt, especialista en delitos de violencia machista en Barcelona. Claramunt sospecha que en su demarcación "la judicatura, que tiene su margen de actuación, ha generado una dinámica claramente a favor del estigma y de la denuncia falsa. Aquí se juzga a las señoras que denuncian, se revictimiza y se pone en duda su versión", lamenta Claramunt.

La estadística del CGPJ también dice que los juzgados específicos de violencia de género son los que más han reducido las concesiones de medidas de protección. Si en 2009 se concedían el 67,7% de las demandas de protección, el año pasado solo fueron aprobadas el 57,6%, diez puntos porcentuales menos.

En España hay 62.000 mujeres con alguna medida de protección asignada. Se considera que más de 15.000 mujeres sufren riesgo real en algún grado (bajo, medio, alto o extremo). La más mediática de las medidas de protección es el brazalete, que permite detectar cuando un presunto agresor ha roto el perímetro de distancia mínima de la víctima.

Estos dispositivos emplean la tecnología GPS. Su uso depende de que un juez dictamine que es la medida adecuada para evitar riesgo para la integridad o la vida de la mujer; pero apenas se utilizan. En 2009, el entonces Ministerio de Igualdad adquirió un total de 3.000 brazaletes, de los que a primeros de abril de 2014 solo estaban operativos 711.

Ante la infrautilización de esta medida, el Observatorio para la Violencia de Género del CGPJ se ha comprometido a promocionar las pulseras de seguimiento electrónico en todos los cursos de formación que se dan a los sectores implicados en la protección a la mujer, según explica Ángeles Carmona, portavoz del Observatorio.

Carmona reconoce que "existe una gran preocupación por el hecho de que habiendo 3.000 brazaletes disponibles, la mayoría no se estén utilizando". Esto es así porque los jueces no adoptan esta medida de control hasta que no se producen "varios quebrantamientos graves de la orden de alejamiento". Ahora se pretende incentivar su uso, alentando a que los letrados, la fiscales y el resto de los operadores en casos de violencia de género soliciten su implantación.

Por ejemplo, una de las últimas víctimas de la violencia machista, Hana, moría degollada por su expareja el pasado día 5 en Villarejo de Salvanés (Madrid), solo un mes después de denunciar por amenazas de muerte a su agresor, a quien el juez impuso una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a ella. ¿Se habría producido esta muerte de haber tenido el brazalete? La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, reconoció entonces que "toda mujer que ha denunciado (ser victima de malos tratos) y muere asesinada es un fracaso", y prometió una investigación para averiguar qué falló en este caso.

Por Comunidades, Madrid y Andalucía son las que más brazaletes tiene operativos (176, cada una), segudias de la Comunidad Valenciana (112) y Castilla La Mancha (40). La Asociación de Mujeres Juristas defiende esta herramienta como garantista del cumplimiento de la orden de alejamiento, que permite "a la mujer la recuperación de su vida y le da tranquilidad", en palabras de María Ángeles Jaime de Pablo.