España, el país de la UE más alejado de los objetivos del Protocolo de Kioto

Así se pone de manifiesto en un informe sobre las emisiones de dióxido de carbono en España en 2004, presentado en Madrid por Joaquín Nieto, secretario de Medio Ambiente de Comisiones Obreras y representante de los sindicatos europeos en la Convención de Cambio Climático de la ONU, y por el director de la edición española de la revista World Watch, José Santamarta.

Santamarta avanzó que los primeros indicadores apuntan que el presente año va "francamente mal" y auguró que las emisiones se situarán al final de ejercicio por encima del 50% respecto al año 1990 (año de referencia del Protocolo de Kioto), cuando España, según este acuerdo internacional, no podrá sobrepasar sus emisiones en un 15%.

El Gobierno confía en que el Plan Nacional de Asignaciones (NA) sirva para que al final de esta década España sólo supere los niveles de 1990 en un 24%.

Para conseguir el objetivo del 15%, el Ejecutivo prevé reducir las emisiones en un 2% gracias a los sumideros (efecto de absorción del CO2 de los bosques), y acudir a los mecanismos de flexibilidad previstos en el Protocolo -entre ellos la compra de derechos de emisión a terceros países- para compensar el 7% restante.

Sin embargo, según los datos proporcionados hoy por Comisiones Obreras, será necesario que España adquiera 100 millones de toneladas de dióxido de carbono al año en los mercados internacionales (a un precio de unos cinco euros por tonelada) para cumplir sus compromisos.

Durante el pasado año, las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron un 3,55% respecto al año anterior, debido entre otras causas a que fue un mal año hidráulico y fue necesario por lo tanto que las centrales de carbón y las de ciclo combinado de gas natural funcionaran más horas para satisfacer la demanda eléctrica.

Nieto y Santamarta observaron además que la mayoría de los países europeos han conseguido ya "desacoplar" el crecimiento económico del consumo energético y el PIB nacional crece por encima del consumo de energía, mientras que en España ocurre lo contrario y el consumo de energía crece muy por encima de la riqueza nacional.

Advirtieron además de que en España los sectores "difusos" (como el transporte, el residencial, la agricultura o los servicios) son responsables del 60% de las emisiones de dióxido de carbono, e insistieron por lo tanto en aplicar medidas correctoras en los planes de transporte y la edificación.

Apostaron por aumentar la eficiencia energética y la participación de las energías renovables para reducir la importación de energía y las emisiones contaminantes y reclamaron dotación presupuestaria suficiente para poner en marcha medidas que contribuyan de una manera efectiva a rebajar los gases de efecto invernadero.

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