Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación que se ha saldado con la detención de 15 individuos, todos ellos de nacionalidad marroquí excepto un rumano, y con edades comprendidas entre los 23 y los 50 años, implicados presuntamente en una trama de explotación laboral en Murcia, Valencia, Alicante y Almería.

La investigación comenzó en diciembre de 2013 cuando, por distintas denuncias, se tuvo conocimiento de la presencia de un individuo marroquí, afincado en Beniel, que pudiera estar lucrándose de la explotación laboral de compatriotas suyos, algunos en situación irregular, dedicados a labores agrícolas en diversas explotaciones.

Los agentes constataron que numerosos trabajadores extranjeros eran sometidos a jornadas de trabajo muy superiores a las legalmente permitidas y a cambio de ello percibían una remuneración muy baja, de 20 a 25 euros diarios, a la que se detraían cantidades en concepto de transporte, comisiones para los encargados y sanciones.

A su vez, la empresa de trabajo temporal de la que dependían los trabajadores extranjeros, con sede social en una localidad de Córdoba, realizaba los pagos en metálico por el presunto conocimiento, por parte de los responsables de la citada empresa, de la situación de irregularidad administrativa en la que se encontraban la mayor parte de los mencionados trabajadores y la imposibilidad de ser contratados y cobrar su salario mediante transferencia banca. De esta forma, la empresa mantenía la opacidad de sus actividades eludiendo cualquier obligación de tipo administrativo y fiscal.

Tras diversas vigilancias se articuló un dispositivo policial, a principios de año, donde se detuvo a 14 extranjeros, diez por encontrarse en situación irregular y cuatro por su presunta responsabilidad sobre la explotación laboral de estos trabajadores a los que se les ha imputado delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.

Con posterioridad y tras diversas indagaciones, se logró identificar al principal responsable, que fue detenido a principios de abril. En el momento de su detención y tras el registro de su domicilio se intervinieron 22.000 euros en efectivo, una furgoneta y abundante documentación.

A pesar de que el máximo responsable es un ciudadano comunitario perteneciente a otro país de la Unión Europea, dada la gravedad de los hechos se procedió a incoar un expediente de expulsión por ser considerado una amenaza contra el orden y seguridad pública.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Murcia.