La Delegación Provincial de Salud y el Hospital San Rafael informaron de que este movimiento respondía a la petición de la orden religiosa, que está concertado con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

La Delegación de Salud granadina justificó el traslado asegurando que evitarían «molestias innecesarias a la paciente», ya que el nuevo centro está en un edificio anexo al antiguo hospital.

«Abrir la puerta a otros»

La asociación Derecho a Morir Dignamente ha asegurado que el caso de Inmaculada «abre las puertas a otros enfermos que quieran exigir sus derechos dentro de los límites que marca la ley». Inmaculada solicitó oficialmente la retirada del respirador el 20 de noviembre, días después de firmar el testamento vital en el que expresaba su voluntad de morir. El Comité Ético de la Junta y del Consejo Consultivo Andaluz autorizaron el cumplimiento de la petición por considerarlo un caso de limitación de esfuerzo terapéutico y no de eutanasia.

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Cambios de opinión

El pasado dos de marzo, las direcciones del Hospital San Rafael y del Clínico (con el que el centro religioso tiene concertada la Unidad de Ventilación Mecánica que ha mantenido viva a Inmaculada) decidieron que la mujer siguiera siendo atendida en San Rafael, y por su equipo médico habitual. Varios días después se supo que la Curia General de la Orden de San Juan de Dios había prohibido a sus miembros realizar la desconexión.