La moción, presentada por el grupo de Izquierda Unida (IU) tras una interpelación urgente realizada el pasado 28 de febrero, obtuvo 301 votos a favor y ninguno en contra.

El texto solicita al Ejecutivo que exija a Delphi el cumplimiento del Plan Industrial acordado en 2005 y le insta a que someta a la empresa a una auditoría y a una investigación para aclarar el destino de las subvenciones públicas recibidas, que IU cifró en 60 millones de euros y el grupo socialista en más de 80.

Un segundo punto pide que se mejore el tejido productivo nacional a través de la potenciación de las producciones de mayor valor añadido, la aplicación de medidas preventivas para evitar las deslocalizaciones (traslado de fábricas a otra zona), el condicionamiento de las ayudas públicas al compromiso de permanencia en el territorio y de una estrategia europea común en este asunto.

En su presentación de la moción, Isaura Navarro, diputada de IU, calificó la actitud de la empresa estadounidense Delphi de inaceptable, y señaló que se trata de un "flagrante incumplimiento de la legislación española y del Plan Industrial de 2005".

El grupo socialista, que consideró la moción como "totalmente oportuna", afirmó que el anuncio del cierre se trata de un verdadero escándalo de actuación empresarial y emplazó a las instituciones que han concedido las subvenciones a tener una posición clara al respecto.

El PSOE indicó que la finalidad de la moción es mantener la actividad de la fábrica y los puestos de trabajo, y aclaró que no planteó ninguna enmienda para que no se pueda malinterpretar su posición y ser acusado de pretender rebajar la moción.

El grupo popular, que se mostró partidario de la moción, solicitó la introducción de dos enmiendas añadidas, especialmente para que se exija a Delphi la devolución de las subvenciones recibidas en el caso de que se verifique el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

El resto de grupos parlamentarios se mostraron también favorables a la moción y sólo el grupo catalán (CiU) puso una enmienda para que el texto incluyera una instancia para mejorar el empleo y la formación y para que se solicitasen a la UE fondos de adaptación.

A este respecto, el grupo de IU no aceptó ninguna de las enmiendas, y el texto fue votado en sus términos originales.

Delphi informó el pasado 22 de febrero de que tras un exhaustivo análisis de la situación financiera, legal y de negocio, y tras intentar encontrar otras alternativas, se veía obligada a cerrar la fábrica de Puerto Real.

Según explicó la empresa, la planta, que tiene unos 1.500 trabajadores, ha incurrido en pérdidas operativas significativas durante los últimos cinco años (por un importe total de 150 millones de euros), además de sufrir altos costes y ser incapaz de atraer nuevos contratos de negocios de manera competitiva.