El sindicato Manos Limpias ha denunciado este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés (IULV-CA), por un presunto delito de prevaricación en relación al proceso de realojo provisional de familias con menores y en exclusión social de la Corrala Utopía.

En un comunicado de prensa, Manos Limpias ha informado de que la consejera andaluza podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación "con motivo de la resolución que tomó entregando las llaves de vivienda pública a los ocupas de la Corrala Utopía".

Al hilo de ello, el sindicato asevera que, "ante la pasividad, una vez más, del Ministerio Fiscal, Manos Limpias, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 125 de la Constitución, ejerce la acción popular en defensa de la legalidad vigente".

Tal y como ha adelantado este martes La Razón, Manos Limpias ha denunciado ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal andaluz a Elena Cortés en un escrito en el que pide que se practiquen una serie de diligencias en orden a reclamar a la Junta la resolución de Elena Cortés "que permite la entrega de diez llaves de pisos en principio -luego se reducen a ocho-" y el informe de los servicios sociales del Ayuntamiento hispalense.

De igual modo, y según la denuncia, el sindicato pide que se tome declaración tanto a Elena Cortés como a los trabajadores sociales que elaboraron los informes de las familias afectadas y a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al considerar que "podría existir una responsabilidad" de la misma como "cooperadora necesaria omisiva" en la "no evitación de la comisión de un delito".

Por otro lado, Carlos C.C., el joven detenido por un presunto delito de atentado a la autoridad durante el desalojo de las familias de la Corrala, ha aceptado una condena de un año de cárcel por un delito de atentado a la autoridad, una multa de 120 euros por una falta de lesiones y una indemnización de 200 euros por este mismo concepto.

Así, la causa que tramitaba en su contra un juzgado de lo Penal de Sevilla ha sido resuelta por conformidad y no ha llegado a ser celebrado el juicio previsto para este martes, según ha informado el abogado del joven, cuya condena queda no obstante suspendida durante dos años.

Distinto es el caso de José Luis, quien fue arrestado después de que, en el marco de las movilizaciones posteriores al desalojo, las familias y sus partidarios intentasen encerrarse en la Catedral de Sevilla, donde esta persona se habría negado a abandonar el templo como le ordenaban unos agentes de la Policía Nacional.

Este hombre, según han informado miembros del colectivo, se enfrentaría a una petición de condena de un año y seis meses de cárcel, así como una multa de 1.500 euros, por un presunto delito de desobediencia, toda vez que en este caso no ha mediado conformidad y el juicio sí se habría celebrado.

El colectivo de la Corrala Utopía y sus simpatizantes, de hecho, ha celebrado este mismo martes una concentración de apoyo a las puertas del edificio Noga, que alberga el juzgado depositario de las actuaciones. Este juzgado, en ese sentido, ha celebrado vista oral solo en el caso de José Luis.