La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha rechazado este lunes el anteproyecto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), presentado ante el Consejo de Ministros el pasado 4 de abril, ya que ha advertido de que "provocará el cierre de los partidos judiciales de la provincia y, por consecuente, alejará a 1,5 millones de sevillanos de la justicia".

Así lo ha manifestado Pérez al término de la reunión que ha mantenido con la Plataforma SOS Justicia, donde además ha señalado que se trata de "otra medida" del Gobierno central, presidido por Mariano Rajoy, como la suspensión de los registros civiles, que "será llevada este próximo jueves al Parlamento por parte del PSOE para mostrar su rechazo", según han informado en un comunicado.

"Ahora pretende eliminar la cercanía de los partidos judiciales en toda la provincia, con sus correspondientes juzgados de primera instancia e instrucción, los registros civiles, así como los juzgados de paz que se encuentren alejados de la capital. Todo ello con un criterio que por el momento se desconoce y que redundaría en la carga de trabajo de las sedes de Sevilla capital", ha afirmado la socialista.

Por ese motivo, desde el PSOE de Sevilla se va a presentar, de manera coordinada con las asociaciones presentes en esta plataforma, mociones en todos los ayuntamientos de la provincia y en la Diputación de Sevilla que signifiquen "el rechazo a ese nuevo alejamiento de los ciudadanos de la justicia, al que el PSOE se va a oponer frontalmente para defender una justicia presente, cercana y accesible".

Para Pérez, "esta nueva ley sólo supone otro recorte más", como lo fue la Ley de Tasas o como la suspensión de los registros civiles, que "se suman a los que los ciudadanos están padeciendo en educación o salud, y que resulta justo lo contrario del modelo que actualmente se desarrolla en Europa, que es el modelo de proximidad, de cercanía al ciudadano".

Según el portavoz de la Asociación de Abogados Independientes, Juan Caravalho, "se pone en entredicho un derecho democrático", puesto que "ahora los ciudadanos tendrán que recurrir a la contratación de servicios externos si quieren ahorrarse centenares de kilómetros para poner una denuncia".

Asimismo, ha alertado de que "peligran centenares de puestos de trabajo, directos e indirectos, de los funcionarios", por lo que ha pedido que "las localidades se posicionen contra la posible pérdida de un derecho básico antes de que se tramite la Ley". "Vemos que van a exigir a las administraciones autonómicas que decidan la eliminación de una serie de instalaciones, sin ofrecer alternativas, y que llegará el día que ciudadanos vayan a poner una denuncia y se encuentren el juzgado cerrado", ha añadido.

"Es una marcha atrás en derechos con un coste que no todo el mundo va a poder asumir. De hecho, con la nueva Ley de Tasas, ya se ha cuantificado el retroceso del número de denuncias en un cuatro por ciento", ha concluido.