Salvo que el hipotecado sea capa de negociar por su cuenta y riesgo con la entidad bancaria, la mayoría de familias que tenga problemas para pagar las cuotas de su hipoteca sólo puede intentar acogerse al Código de Buenas Prácticas bancarias. Sus requisitos son muchos y de momento el Gobierno no tiene intención de facilitarlos.

Según respuesta a la diputada de CiU Lourdes Ciuró, el Gobierno descarta "en estos momentos" revisar los criterios legales previstos para poder acogerse a las medidas de reestructuración de la deuda, quita o incluso dación en pago previstas en el Código de Buenas Prácticas bancarias para permitir que más ciudadanos afectados por el impago de sus hipotecas puedan beneficiarse de ellas.

Pero sus beneficiarios son pocos. Según datos del propio Ejecutivo, de las 14.368 peticiones recibidas en el marco del Código de Buenas Prácticas Bancarias sólo 3.833 se han resuelto de forma favorable, lo que supone un 26,67% del total. En concreto, 2.827 casos han sido reestructuraciones de deuda y 1.006, daciones en pago. Por su parte, sólo 637 de los 5.891 pisos del Fondo Social se han adjudicado hasta la fecha.

En el último trimestre de 2013, según el Ministerio de Economía, el Código de Buenas Prácticas facilitó que de las 1.624 operaciones realizadas, en 1.227 casos se llegara a una reestructuración de la deuda, y en sólo 397 se acordara la dación en pago y la extinción de la deuda.

En su respuesta parlamentaria, el Ejecutivo recuerda que en mayo del año pasado ya se revisaron las condiciones de acceso a las medidas de reestructuración, quita o dación en pago, elevando los umbrales para llegar a más ciudadanos.

Por eso, "no se prevé ni se estima necesaria en estos momentos la modificación del Código", lo que contrasta con el anuncio que el ministro de Economía, Luis de Guindos, hizo el pasado 8 de abril en el Senado sobre que la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Fondo Social de Vivienda "hará más fáciles los requisitos para que se pueda apuntar más gente".

La diputada de CiU había pedido al Gobierno una valoración sobre la operatoria del Código, que fue aprobado en abril de 2012 y al que se han adherido de forma voluntaria 97 entidades que deberán atenerse a sus normas durante al menos dos años.