La diputada socialista por Granada y vocal en la Comisión de Justicia del Congreso, Elvira Ramón, ha pedido a los responsables del PP provincial que expliquen "su incondicional apoyo a la eliminación" de los partidos judiciales y de los juzgados de paz que "planea" el Gobierno de Mariano Rajoy con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de abril.

En un comunicado, la dirigente socialista ha alertado de las "graves consecuencias" que tendrá para la provincia de Granada esta nueva ley. De la misma manera, ha indicado que "la futura ley del PP sólo va a conseguir alejar aún más la Justicia de los ciudadanos".

De igual modo, ha destacado que la ley supondrá "la eliminación de todos los juzgados de paz y de buena parte de los partidos judiciales de la provincia para centralizarlos en un juzgado provincial de instancia". Asimismo, ha apuntado que "eso obligará a los ciudadanos de los municipios a desplazarse a Granada capital siempre que tengan que acudir ante la Justicia".

Para la diputada socialista, "el nuevo modelo Gallardón sólo viene a eliminar sedes judiciales, algunas con infraestructuras de menos de diez años de antigüedad, y a agrupar y concentrar en las capitales provinciales a juzgados y jueces sin ofrecer realmente un modelo de justicia alternativo ni incrementar o adecuar la ratio de jueces".

En este sentido, ha asegurado que "el modelo genera un alejamiento y una concentración de la administración de justicia contraria a los intereses de los ciudadanos al eliminar los partidos judiciales y las audiencias provinciales, que desaparecen de la demarcación judicial española, siendo asumidas sus competencias en parte por los Tribunales de Instancia y en parte por los Tribunales Superiores de Justicia". Así, ha afirmado que esto "colapsará, con toda probabilidad, los Tribunales Superiores de Justicia y los Tribunales de Instancia, ya que el número de jueces no se incrementa".

Elvira Ramón ha indicado que la reforma, además, "limita la libertad de expresión, puesto que la reforma solamente permite una única voz, la del Consejo General del Poder Judicial". "La limitación actualmente sólo aplicable a jueces se amplía ahora a las asociaciones judiciales por lo que podemos afirmar que trata de silenciar al poder judicial", ha añadido.

Igualmente, ha señalado que las asociaciones "son un cauce para expresar el parecer de los jueces, que siempre han tenido la prohibición de opinar, pero ahora el Gobierno del PP pretende que las asociaciones sólo puedan hacer comentarios de índole doctrinal o científica en publicaciones o foros especializados amenazados por un régimen disciplinario severo".

Además, la representante socialista ha afirmado que "la medida privará a la sociedad del criterio de los jueces en asuntos relevantes, lo que dificultará una correcta formación de la opinión pública a la que se le hurta la posibilidad de acceder a análisis jurídicos cualificados". "Esta mordaza va más allá al permitir al CGPJ ordenar a un medio de comunicación, un político u otro juez que dejen de informar o hablar sobre el trabajo de un magistrado que sienta perturbada su independencia judicial", ha concluido.