El juez Pablo Ruz ha decidido proseguir con la investigación sobre supuestas torturas en la prisión de Guantánamo (Cuba) a cuatro expresos, dos de ellos españoles, pese a la reforma de la ley de justicia universal.

El juez de la Audiencia Nacional rechaza así en un auto archivar esta causa en aplicación de la nueva norma y mantiene abierta la causa por torturas y contra la integridad moral en concurso con varios crímenes de guerra, delitos que están amparados por los convenios internacionales de Ginebra y contra la tortura. Según el juez, "nos encontraríamos ante una evidente colisión" entre la reforma "y las obligaciones contraídas por España en virtud de los tratados internacionales" y por ello acuerda transformar las diligencias previas en sumario, "continuando la instrucción de la presente causa".

De este modo, Ruz actúa en contra de lo que le pidió la Fiscalía, que le reclamó, como ha hecho en otras causas de justicia universal como el caso Couso o el genocidio del Tíbet, que concluyera el sumario y lo elevara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que sea éste órgano el que decida si cabe el archivo o la interposición de recurso de inconstitucionalidad a la nueva ley.

Por ello, Ruz ha acordado reiterar la comision rogatoria que libró a Estados Unidos para conocer si allí se están investigando las supuestas torturas al español Hamed Abderrahman y el marroquí residente en España Lahcen Ikassrien, relatadas en la querella interpuesta contra el expresidente de EE UU George W. Bush y otros cargos norteamericanos, como el exvicepresidente Richard Cheney y el exsecretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld por estos hechos.

El pasado enero, el juez cursó una comisión rogatoria a EE UU para conocer si existe una investigación sobre estas dos personas y otros dos expresos que se personaron en la causa, Abdul Latif Al Banna y Omar Deghayes, que tenga que ver con denuncias sobre irregularidades y malos tratos o torturas en Guantánamo.

El principal objeto de esta diligencia es delimitar si en este caso se da el principio de subsidiariedad, es decir, si los tribunales españoles son competentes para investigarlo porque los estadounidenses no lo hacen o si, de lo contrario, las autoridades norteamericanas tienen un procedimiento abierto, lo que descartaría a la jurisdicción española.

Una vez obtenga la respuesta de las autoridades estadounidenses, el juez anuncia en su resolución que elevará exposición razonada a la sala segunda del Tribunal Supremo para que dictamine si verdaderamente se están investigando allí esos hechos y se pronuncie sobre la posible concurrencia del llamado principio de subsidiariedad. Ruz pidió en enero esa información a EE UU en vista de la sentencia que dictó el Tribunal Supremo respecto a una querella contra los creadores de Guantánamo que recayó en el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

En paralelo, Ruz también ha rechazado archivar dos causas que investiga por genocidio y torturas en el Sáhara Occidental porque era territorio español cuando ocurrieron los hechos y, por tanto, a estos casos no les afecta la reforma de la justicia universal.

En sendos autos, Ruz acoge los argumentos de la Fiscalía de que ambas causas serían competencia de los tribunales españoles porque los hechos se cometieron contra ciudadanos españoles "en territorio que, a todos los efectos, debe tener la consideración de español en el momento de comisión (1975)", ya que el Sahara Occidental era entonces una provincia española.

Se trata una investigación sobre genocidio en el Sáhara abierta a instancias de asociaciones de apoyo al pueblo saharaui contra 31 militares marroquíes y otra de torturas del Frente Polisario, interpuesta por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh) contra 28 miembros del Frente Polisario y altos cargos del gobierno argelino.

Hasta este momento, cinco jueces de la Audiencia Nacional se han pronunciado sobre siete de las causas abiertas a las que sería de aplicación la nueva legislación sobre justicia universal. Este martes, el juez Pablo Ruz ha decidido continuar con la instrucción de dos procedimientos de diligencias previas por genocidio en el Sáhara y otro, que ha convertido en sumario, por torturas en Guantánamo.

El juez Santiago Pedraz hizo lo propio con el caso Couso argumentando que la nueva ley contraviene un tratado internacional de obligatorio cumplimiento; por su parte, el juez Eloy Velasco decidió continuar con el caso Ellacuría, que investiga el asesinato de cinco jesuitas españoles en El Salvador, aunque dejando fuera el delito de lesa humanidad para centrarse en el de asesinatos terroristas.

Las otras dos causas han sido archivadas por falta de competencia: las relativas a tráfico de drogas y detención de presuntos narcotraficantes en aguas españolas que llevaban los jueces Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez.

Hay diez causas sobre las que aún no se han pronunciado sus instructores, aunque ya han pedido a las partes su opinión: Genocidio en el Tíbet, Falun Gong, Vuelos de la CIA, Holocausto nazi, muerte del español Babi Hamdai Buyema en El Aaiún (Ismael Moreno); Genocidio en Guatemala (Santiago Pedraz); Genocidio en Ruanda, Ataque al campo de refugiados de Ashraf (Fernando Andreu); Asesinato de Carmelo Soria, Ataque a la Flotilla de la Libertad (Pablo Ruz).

Por otro lado, la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos (Anvdv) ha mostrado su más enérgica repulsa por las libertades "indebidas" de narcotraficantes por la reforma de la justicia universal, tras la que los jueces mantienen una especie de huelga de celo con la que perjudican a España.

En un comunicado, la asociación se ha referido así a la reforma de la ley que ha conllevado que el pasado día 8 el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dejase libres a ocho marineros egipcios detenidos con diez toneladas de hachís, y que el magistrado Javier Gómez Bermúdez liberase a ocho presuntos 'narcos' sirios detenidos en el mar de Alborán con 12 toneladas de hachís.

El colectivo que agrupa a las víctimas ha mostrado su más enérgica repulsa contra las excarcelaciones acordadas "por determinados jueces de la Audiencia Nacional" y su indignación "ante la urgencia y perentoriedad de estas resoluciones, que han sido sorpresivas y unilaterales, sin aceptar la opinión contraria de los fiscales ni recabar el informe o resolución de las salas superiores jerárquicas".

"Creemos que se han sorprendido hasta los mismos narcotraficantes, pues ni ellos mismos habían solicitado la libertad en base a los argumentos empleados por los jueces para su excarcelación", explica el presidente de la asociación, José Miguel Ayllón.

Ayllón critica que tampoco se ha acordado su extradición y puesta a disposición de las autoridades de los países que pudieran ser competentes para su persecución, sino que "se han dejado en libertad sin más".

En su opinión "parece que estamos ante una especie de protesta reivindicativa o huelga de celo: se deja en libertad a los narcotraficantes porque los jueces que lo acuerdan están en franca oposición a la derogación o cambio de la justicia universal, que les aparta del conocimiento de determinados asuntos".

"Y no han encontrado otra forma de expresar su desacuerdo con esta medida que perjudica a España, a toda la sociedad española, a la seguridad pública y nos pone en entredicho ante los demás países empeñados en la persecución del narcotráfico", ha añadido.