Izquierda Unida (IU) ha presentado este lunes en la Audiencia Nacional una querella criminal contra el Banco Financiero de Ahorro (BFA) y Bankia y contra 32 de sus exconsejeros, entre ellos el expresidente Rodrigo Rato y el exvicepresidente, José Luis Olivas; a los que acusa de siete delitos cometidos en la fusión y salida a bolsa y en la emisión de preferentes y que urdieron un "plan de engaño y estafa" con consecuencias para el Estado y los propios ciudadanos".

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, y el abogado de IU Enrique de Santiago han presentado en rueda de prensa la querella, interpuesta este mismo lunes ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia, donde ya se investigan varias causas sobre Bankia y las venta de preferentes.

IU acusa a esos exresponsables, que ya están imputados, de siete delitos, asociación ilícita, castigado con hasta ocho años de cárcel; delito contable (hasta tres años de prisión); estafa (hasta seis); apropiación indebida (6); administración desleal (4); falsedad en documento mercantil (6) y falseamiento de información económico financiera para captar inversores (4).

De Santiago ha detallado que la querella se dirige contra 20 consejeros del BFA y 15 de Bankia, tres de los cuales coinciden, por lo que son un total de 32 personas, todas ellas ya imputados por la Audiencia Nacional, —entre ellos el expresidente, Rodrigo Rato; vicepresidente, José Luis Olivas; o el consejero de BFA Ángel Acebes y el representante de IU José Antonio Moral Santín—. Además, se extiende la responsabilidad penal a las dos entidades como personas jurídicas.

Los hechos de la querella repasan las insolvencias de facto de las cajas de ahorro que forman el BFA en las cuentas de 2009; el proceso de constitución del BFA; el plan de "engaño y estafa" en la salida a bolsa de Bankia, acompañada de la ocultación evidente de situación de insolvencia; la participación de las preferentes como instrumentos de engaño, la cesión del negocio bancario del BFA a Bankia, la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia cuando salió a bolsa "con la presentación de información falseada"; las remuneraciones de los consejeros de las entidades; o el proceso de intervención del Estado, en mayo de 2012, que llevó a que la reformulación de las cuestas de 2011 cambiara de unos 305 millones de euros de beneficio a un déficit de 6.700.

En la querella, IU también apunta a la colaboración necesaria del Banco de España, Hacienda y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad Lanzard o la consultora Deloitte. "El plan de engaño no hubiera sido posible sin estos actores", ha dicho Lara.

Además de la acusación penal, la federación de izquierdas pide una serie de medidas cautelares, como el embargo a las personas físicas querelladas de 24.945 millones de euros, que es el quebranto al erario público por el rescate; y el embargo a los miembros del consejo de BCA o Bankia que también lo hubieran sido en 2009 de Caja Madrid de 3.000 millones de euros —el valor de emisión de preferentes de ese año—.

Responsabilidad civil de las preferentes

También se reclama extender el embargo para cubrir responsabilidad civil de 3.000 millones de las preferentes a las personas jurídicas de estos hechos, es decir BFA como sucesor legal de Caja Madrid y, en su caso, Bankia, y se pide que se extienda a BFA y Bankia la medida de embargo de los 24.945 millones de euros aunque consideran que previamente el juez debe dar traslado al Abogado del Estado para que informe sobre el efecto que esta medida podría tener sobre la viabilidad de la entidad.

Por último, IU pide que se ofrezcan acciones al Ministerio de Hacienda para que el Abogado de Estado pueda comparecer en su querella y pide que los consejeros querellados devuelvan todo tipo de indemnizaciones por contratos blindados o ceses y que los mismos declaren ante el juzgado las pólizas de responsabilidad civil profesional que pudieran haber sido suscritas a favor y, en caso de que hayan cobrado indemnizaciones, que las depositen en el juzgado.

Lara ha explicado que IU ha tomado esta decisión después que considerar agotada la vía política ya que el PP se ha opuesto en cinco ocasiones en que haya una comisión de investigación sobre este asunto y ha dicho que confía en que el juzgado admita a trámite la querella, que se depuren responsabilidades penales y se devuelva todo lo que se pueda de lo estafado, 24.945 millones de euros.