Sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil han mostrado este sábado su "frustración" ante la reforma de la Justicia Universal, recientemente aprobada por las Cortes con el rechazo de la oposición en bloque, "tira por la borda" muchos meses de trabajo policial que ahora "se queda en el limbo".

Así lo han indicado representantes de estas organizaciones después de que el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez pusiera este viernes en libertad, en aplicación de esta norma, a ocho presuntos narcos sirios que fueron detenidos el 17 de marzo cuando viajaban en un barco en el mar de Alborán en posesión de doce toneladas de hachís.

Una decisión que se suma a la de su compañero en la Audiencia Fernando Andreu, quien tuvo que dejar en libertad a ocho egipcios que fueron arrestados once días antes en un barco pesquero con 9,8 toneladas de esa misma droga mientras navegaban por aguas internacionales cerca de Almería.

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, Daniel Rapado, ha criticado la reforma de la ley porque el esfuerzo que ha realizado la Policía durante meses para llevar a cabo las distintas operaciones es un "trabajo baldío". Además, Rapado ha observado algunas lagunas en la normativa y, por ello, ha pedido al Gobierno que sea "más concreto" y "que no deje las cosas tan abiertas" en esta materia.

Desde la asociación mayoritaria en la Guardia Civil, la AUGC, su secretario jurídico nacional, Eugenio Nemiña, ha coincidido en la preocupación por esta legislación, no sólo por "las operaciones que se han ido al traste", sino porque los propios delincuentes "juegan con ventaja" al saber que España no puede juzgarles.

Nemiña ha asegurado que muchos guardias civiles "han trabajado para nada", algo que, según sus palabras, genera en el cuerpo "una sensación de impunidad y de impotencia muy grande".

Manuel Mato, secretario general de la Unión de Guardias Civiles, ha calificado de brutal esta reforma, ya que "hace pensar que la justicia no sirve para todos", y ha dicho que los agentes no entienden "la necesidad y el afán del Gobierno de limitar la justicia".

Al mismo tiempo, el portavoz del Sindicato Profesional del Policía (SPP), Jose Antonio Calleja, ha expresado la frustración de los policías que, tras meses de trabajo, ven cómo los delincuentes "se van de rositas" porque no hay "capacidad ni jurisdicción" para poder juzgarlos más allá de las fronteras españolas.

Ignacio López García de la Torre, secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), también ha mostrado su descontento ante una reforma que, según sus palabras, "limita la acción de la justicia" y supone "un paso atrás" a la hora de juzgar la comisión de delitos en otras partes del mundo.

Finalmente, el secretario de comunicación de la Unión Federal de Policía (UFP), Serafín Giraldo, ha sido rotundo al aseverar que esta revisión de la normativa "puede dar al traste con muchas operaciones que se están realizando actualmente" a pesar de que, según ha matizado, la Policía "no se puede meter en las vicisitudes políticas que han motivado la reforma".

Una modificación que entró en vigor el pasado 15 de marzo y que anula la competencia de los tribunales españoles para juzgar a ciudadanos extranjeros que hayan sido detenidos fuera de las fronteras de nuestro país.