PSOE-A e IU han permanecido reunidos hasta minutos antes de la medianoche de este viernes, después de que el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, haya anunciado que el pacto de gobierno con el PSOE-A sufre una "suspensión momentánea" por la "crisis de gobierno" abierta por la retirada de competencias a la Consejería de Fomento para la adjudicación de vivienda protegida y ha exigido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que derogue el decreto publicado este viernes para restituir las competencias del departamento que dirige Elena Cortés.

La reunión ha terminado sin acuerdo entre las dos fuerzas políticas, pero con "avances", según han indicado el secretario de Organización del PSOE andaluz, José Cornejo. El coordinador de la Ejecutiva de IULV-CA, José Manuel Mariscal, también salía satisfecho del encuentro, pero ha asegurado que "quedaban flecos".

Izquierda Unida, por tanto, no da por cerrado un acuerdo con el socio de gobierno "en estos momentos" y asegura que se sigue trabajando, aunque haya finalizado el encuentro. Ambas formaciones han asegurado que "habrá noticias pronto" y el PSOE ha señalado que seguirán manteniendo contactos telefónicos.

Maíllo ha anunciado sus exigencias y las medidas emprendidas por su partido durante un receso de la reunión que la dirección colegiada de IULV-CA celebra en el Parlamento desde hace cerca de cuatro horas y en la que participan, entre otros, el coordinador general de IU, Cayo Lara, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, o la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés.

El líder de IULV-CA, que ha comparecido junto al coordinador general de IU y respaldado por otros miembros de IULV-CA como el portavoz parlamentario, José Antonio Castro, o el secretario general del PCA, José Manuel Mariscal, ha querido dejar claro que la Consejería de Fomento y Vivienda ha actuado "con absoluto rigor legal" en el realojo de las familias de la Corrala Utopía, "en defensa de las personas que lo están pasando mal".

"Ha habido un respeto escrupuloso a la legalidad como nunca antes en todos los gobiernos de la autonomía de Andalucía", ha subrayado Maíllo, quien ha insistido en que el departamento que dirige Elena Cortés ha procedido a cumplir con un auto judicial que obligaba a las administraciones públicas a proveer para que familias desalojadas pudieran dormir bajo un techo.

Tras insistir en que la Consejería ha resuelto el problema, ha señalado que "hay ocho familias que están bajo un techo por mandato judicial y otras nueve que están pendientes de contratos privados a falta de viviendas del parque público". Además, ha criticado que el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, se haya negado a ceder, vender o asignar viviendas provisionalmente a estas familias de las 528 que están vacías y que dependen del consistorio.

"Desde esta actuación absolutamente legal, estamos convencidos de que si la presidenta de la Junta ha dicho que se restituirá la normalidad derogando ese decreto, así debe hacerse porque ha imperado la legalidad en cada una de las actuaciones en el realojo transitorio, que ha sido impecable", ha manifestado Maíllo.

Preguntado sobre si IULV-CA se ha planteado la posibilidad de romper el pacto de gobierno, Maíllo ha respondido que su formación ha actuado legalmente y que confía en que la presidenta de la Junta cumpla con la reflexión que ha hecho sobre que "la legalidad de las actuaciones es el motivo para la restitución de ese decreto". "Y como se ha actuado con plena legalidad, estamos convencidos de que se va a producir sin ningún problema esa sustitución", ha apostillado.

Sobre si IULV-CA da un tiempo a la presidenta para la derogación de dicho decreto, el líder de la federación de izquierdas ha asegurado que "no es una cuestión de tiempos", aunque sí ha reconocido que esta situación tiene que ser resulta "cuanto antes". Ha negado que vayan a dar "marcha atrás" argumentando que no han cometido ningún error "porque si hubiera sido así, hubiéramos rectificado".

Antonio Maíllo ha apuntado que el siguiente paso en estos momentos está "muy claro" y no es otro que "seguir dialogando". Además, ha dicho esperar que se pueda lograr una "salida satisfactoria para las dos formaciones desde el reconocimiento de que se ha actuado legalmente" y para que todo vuelva "a la normalidad".

Preguntado sobre por qué no ha comparecido con él la consejera de Fomento y Vivienda, quien ha participado en la reunión de la dirección colegiada, tras llegar de su viaje institucional en Colombia y Panamá, el dirigente de izquierdas ha contestado que estamos ante un "problema político" que se tiene que afrontar desde las organizaciones. "El diálogo no es sólo institucional, sino en clave política", ha añadido.

Por su parte, Cayo Lara ha explicado que su presencia en esta reunión es para dar apoyo a la actuación "legítima, legal y justa" que ha hecho la consejería de Fomento y Vivienda y su consejera, y a respaldar la posición de la organización política "porque el político está para resolver los problemas de la gente y no para crearlos".

Asimismo, ha cuestionado la "hipocresía" de determinados grupos políticos, argumentando que se han hecho "cientos de miles de desahucios" por parte los gobiernos del PSOE y del PP. "Y eso no lo podemos olvidar", ha señalado Lara, quien también ha recordado que el Gobierno de Rajoy ha recurrido al Constitucional el decreto y la posterior ley sobre la función social de la vivienda.

"Basta ya de hipocresía y de que el banco malo siga vendiendo las viviendas que le han quitado a la gente a los fondos buitre de inversión a precios de risa", ha afirmado Lara, quien ha querido dejar claro que el realojo de las familias de la Corrala no ha supuesto quitar ningún derecho a 12.000 familias que están esperando una vivienda. 

Mientras, la Consejería de Fomento y Vivienda ha recordado que ha realojado provisionalmente en viviendas de su titularidad a ocho familias desalojadas de Corrala Utopía. En este sentido, indica que cuentan con "informes sociales favorables custodiados por el Defensor del Pueblo Andaluz", que reclamó su realojo al Gobierno andaluz y al Ayuntamiento de Sevilla en la comisión técnica creada por ambas administraciones.

Según indica, la medida se adopta en cumplimiento de la resolución de la Dirección General de Vivienda de 9 de abril y responde al mandato del juzgado de instrucción 3 de Sevilla de 25 febrero por el que las administraciones públicas fueron mandatadas a "proveer lo necesario" para atender "a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social".

El departamento que dirige Elena Cortés hace públicos estos datos el mismo día en que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica y, además, entra en vigor el decreto anunciado por Susana Díaz, por el que se retiran a Fomento las competencias relativas a vivienda protegida.