Deducciones por vivienda habitual (4.781 millones de euros), reducciones por rentas del trabajo (16.805 millones), mínimos personales y familiares... En su conjunto, las distintas bonificaciones y exenciones fiscales aplicables en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) supone cada año una merma de alrededor de 52.000 millones de euros. Al menos estos son los cálculos de los analistas de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), que han presentado este jueves su propia propuesta de reforma fiscal (La fiscalidad en España: Problemas, retos y propuestas).

Hacer más simples los impuestos es una de las primeras intenciones reflejadas en esta otra propuesta de expertos. En relación al IRPF —el tributo que más recauda, en el entorno de los 70.000 millones anuales— los investigadores de Funcas apuestan por eliminar la gran mayoría de deducciones actuales, dejando apenas "las que tienen en cuenta las cargas familiares y las peculiaridades del ahorro previsión [los planes de pensiones]", tal como sostiene José Félix Sanz, coordinador del estudio. La de vivienda habitual, por ejemplo, se eliminaría progresivamente en el plazo de cuatro años.

Esta supresión de beneficios fiscales permitiría, según este catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense, ampliar la base imponible total —es decir, la cantidad de renta sobre la que se aplicarían los gravámenes—, lo que a su vez aumentaría la recaudación. Esto a su vez permitiría reducir los tipos marginales máximos del impuesto de la renta, actualmente en el 52%.

Así, el profesor Sanz propone sustituir el actual sistema impositivo de numerosos tramos por otro en el que haya una tarifa con apenas dos: Uno del 25% para bases liquidables inferiores de 60.000 euros y otro del 35% para el resto. Con impuestos más bajos, sin embargo, las simulaciones de Funcas constatan una fuerte subida de la recaudación, ya que al no aplicarse prácticamente bonificaciones los tipos medios pasarían del 14% al 18%: Alrededor de un 3% del PIB, más de 30.000 millones de euros. "Según una simulación básica, en una población de 19 millones de contribuyentes, todos pagarían más proporcionalmente", añade este académico.

Sin embargo, tal como resaltan los autores de esta nueva propuesta de reforma fiscal, si el Gobierno optara por proteger a las rentas más bajas "estas tarifas permitirían algunas alteraciones razonables. Por ejemplo, es factible la incorporación de un umbral de tributación que exima del pago del impuesto a rentas especialmente reducidas o el establecimiento de un tercer tramo (...) que reduzca el tipo marginal inicial que soportan las rentas menos pudientes", advierten estos expertos fiscalistas, que no obstante recomiendan que todos los contribuyentes paguen, "aunque solo sea un pequeño porcentaje".

¿Esta propuesta supondría más presión fiscal para las clases baja y media? Sí, en la medida en que se incrementan los tipos medios y se eliminarían los mínimos exentos. "Afecta a todos, genera menos distorsiones y es respetuoso con la progresividad. Pero es que una reforma fiscal que logre aumentar la recaudación no se puede hacer sin tocar el statu quo, porque si fuera así no cambiaríamos nada. Hay que eliminar cualquier deducción que no se base en cuestiones púramente técnicas —para evitar la doble imposición, por ejemplo— porque a la larga generan un mercado de intereses creados", señala el profesor Sanz.

Otra de las propuestas de los investigadores de las cajas de ahorros supondría que los autónomos pasaran a tributar a través de rentas del trabajo (un 50%) y a través de rentas del capital (otro 50%). De esta forma se eliminaría la llamada tributación por módulos, que está dando pie a altos niveles de fraude en la tributación. A su vez, desde Funcas apuestan por eliminar las exenciones de que disfrutan las rentas inmobiliarias derivadas del arrendamiento.

"El IVA en España recauda poco de forma estructural. Estamos a la cola europea en recaudación por este impuesto y no es por los tipos que se aplican, sino sobre todo por el fraude fiscal". Así de claro se expresa el profesor Desiderio Romero, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos y coautor de la propuesta de reforma de la Fundación de Cajas de Ahorros.

En 2007, año de mayor recaudación en el IVA, en las arcas públicas entraron más de 50.000 millones de euros gracias a la imposición al consumo; en 2012 esa cantidad apenas llega a los 30.000 millones, debido a la contracción del gasto y el crecimiento de la elusión fiscal. Los actuales niveles de fraude en este impuesto indirecto (que oscilarían entre el 20% y el 25%) suponen una merma en la recaudación de las arcas públicas de unos 10.000 millones de euros. "Este agujero deja cualquier posible subida en los tipos impositivos", indica Romero, para quien la efectividad de este tributo deja mucho que desear, lo cual o será corregido por subidas en los gravámenes.

Para los expertos de Funcas, los tipos actuales —superreducido (4%), reducido (10%) y normal (21%)— "ya son elevados, por lo que no es aconsejable subirlos más. En todo caso, habría que ir estudiando cada bien concreto". Y es que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la posible progresividad de cada producto (si su mayor o menor consumo está ligado al nivel de renta), así como su elasticidad: Aquellos que ante una hipotética subida impositiva pueden ser sustituidos por otro.

"Teniendo esto en cuenta, la restauración podría ser un buen candidato, ya que tiene un comportamiento de producto de lujo: A mayor renta mayor es su consumo y su porcentaje sobre el gasto total", explica el profesor Romero. En opinión de este experto no habría que tocar sobre todo el tipo superreducido, ya que afecta especialmente a las familias con menores rentas.

Los investigadores de Funcas reclaman una reducción de los tipos, tanto medios como marginales. ¿Cómo? Entre otras medidas, rebajando el actual tipo impositivo nominal, que en España se sitúa en el 30%. Para compensar esta caída en la recaudación, se suprimiría el tipo reducido para pymes, así como todas aquellas deducciones "cuya eficacia no haya sido probada".

Desde la Fundación de Cajas de Ahorros creen que sería positiva la eliminación del Impuesto de Patrimonio. En su lugar, se tendría que potenciar la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), lo que a su vez provocaría la desaparición definitiva del tributo sobre la plusvalía de los inmuebles.

Por otro lado, piden una reforma del sistema de cotizaciones a la Seguridad Social, de forma que se rebajen los costes para las empresas y éstas puedan dinamizar la contratación de nuevos empleados. Bajar un punto las cotizaciones sociales podría generar la creación de 106.000 empleos; si la rebaja fuera de cinco puntos este fomento del trabajo ascendería a 500.000 puestos, según los cálculos de los técnicos de Funcas.

Esta propuesta de reforma fiscal aborda, como prioridad, el problema recaudatorio que actualmente sufre España, un país con algunos de los impuestos más altos del entorno. Mientras en la Eurozona los ingresos impositivos suponen, de media, un 40% del PIB, las autoridades públicas españolas se ven en problemas para incrementar la recaudación por encima del 32% del PIB. Funcas se suma así a un debate en el que, junto a la comisión de expertos del Gobierno, también la fundación Faes hizo en su momento un informe de propuesta. Falta por ver si el Ejecutivo escuchará a los expertos, o si optará por otro tipo de reformas.