El Tribunal Constitucional admite a trámite los seis recursos presentados contra la LOMCE

  • Los interpusieron el grupo parlamentario socialista en el Congreso, el Gobierno y el Parlamento de Cataluña y los Gobiernos de Andalucía, Asturias y Canarias.
  • El TC dará traslado de las demandas al Congreso, al Senado y al Gobierno, que dispondrán de 15 días para formular las correspondientes alegaciones.
  • "La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los recursos", ha recordado en un comunicado el alto tribunal.
  • Wert ha dicho que "es un trámite absolutamente automático", mientras que el PSOE ha considerado que estamos "ante el inicio del final" de esta ley.
Pancarta contra Wert, los recortes y la LOMCE en Madrid.
Pancarta contra Wert, los recortes y la LOMCE en Madrid.
JORGE PARÍS
Pancarta contra Wert, los recortes y la LOMCE en Madrid.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido este jueves a trámite los seis recursos de inconstitucionalidad presentados contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Los recursos presentados contra la reforma educativa liderada por el ministro José Ignacio Wert los interpusieron el grupo parlamentario socialista en el Congreso, el Gobierno y el Parlamento de Cataluña y los Gobiernos de Andalucía, Asturias y Canarias.

El TC ha acordado dar traslado de cada una de las demandas al Congreso, al Senado y al Gobierno, que dispondrán de 15 días para personarse en los distintos procedimientos y formular las correspondientes alegaciones.

"La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los recursos, que el Tribunal resolverá en próximas fechas", según ha informado este jueves el Constitucional.

El ministro Wert, preguntado por su opinión sobre el tema en los pasillos del Congreso, se ha limitado a decir que la admisión de los recursos es "un trámite absolutamente automático".

Por su parte, el portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Mario Bedera, ha afirmado que estamos "ante el inicio del final" de esta ley.

Aunque cada recurso presentado tiene sus particularidades y las comunidades autónomas centran gran parte del argumentario en invasiones competenciales, coinciden en la impugnación de determinados artículos de la ley: los reguladores de la enseñanza de Religión, la educación diferenciada y el adelanto de los itinerarios formativos en la ESO. El plazo de presentación se cerró el pasado 10 de marzo.

El Grupo Socialista formalizó su recurso el pasado 7 de marzo, tres días antes de que terminase el plazo. El argumentario gira en torno a cinco puntos a su juicio, inconstitucionales: la financiación pública de la educación diferenciada, el adelanto de los itinerarios formativos, la falta de participación en los consejos escolares de los padres, el tratamiento que da a la Religión y la selección del alumnado por centros.

Impugnación por cuestiones "recentralizadoras"

En el caso de Andalucía, cuyo ejecutivo registró el recurso el 4 de marzo, la impugnación se centra en cuestiones "recentralizadoras" de la nueva ley que invaden a su juicio, competencias autonómicas, como las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, el diseño de las pruebas y el establecimiento de su contenido para cada convocatoria. También recurren sobre la regulación de la educación diferenciada y de la enseñanza de Religión.

Asturias y Canarias coinciden en sus recursos con gran parte de este argumentario, como en materia de Religión, educación diferenciada e itinerarios. El Gobierno de las islas denuncia que la LOMCE invade competencias en las evaluaciones, la normativa sobre TIC's, la admisión de alumnos en las enseñanzas universitarias de Grado; la gestión de becas y ayudas al estudio, y el diseño del curriculo escolar en Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

El Parlament de Cataluña, por su parte, acordó por mayoría recurrir la normativa el pasado 26 de diciembre. La particularidad, al igual que en el recurso planteado por la Generalitat catalana, es la incidencia de su argumentario en la regulación de la inmersión lingüística, junto a otras invasiones de lo que consideran competencias autonómicas, como en el diseño de los curriculos o la financiación.

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