El fiscal en el juicio por el pabellón de Requejada (Polanco) ha ampliado de 8 a 9 años la pena de inhabilitación para cargo público para el alcalde, Julio Cabrero, y el concejal Luis Barrero, al considerar que el delito de prevaricación administrativa que imputaba a cada uno de ellos en relación a ese proyecto ha sido "continuado" a la vista de la prueba practicada en la vista oral.

Para justificarlo, ha citado la "vinculación" que, a su juicio, se ha visto que existe entre los dos encargos realizados sin concurso administrativo y que han motivado el proceso: el correspondiente a la redacción del proyecto y el relativo a la Dirección de Obras, ambos encomendados a los ingenieros Jesús de Paz y José María González Rueda.

A su vez, el fiscal ha retirado la acusación contra el anterior regidor, Miguel Ángel Rodríguez, al que también imputaba un delito de prevaricación por este asunto a la vista de la prueba practicada en el juicio, celebrado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y que ha quedado visto para sentencia tras alargarse durante más de ocho horas.

El fiscal ve acreditado que fueron Cabrero y Barrero los que encargaron de forma verbal la redacción del proyecto y la Dirección de obra a De Paz a pesar de lo "renuente" que, a su juicio, ha sido el ingeniero a la hora de contestar.

Aunque ni Cabrero ni Barrero se han reconocido como autores de este encargo, el fiscal lo cree "indudable" después de que De Paz —que ha declarado como testigo y ha sido advertido de posibles contradicciones en sus manifestaciones— haya explicado que recibió los mandatos sobre el proyecto y la Dirección de obra del pabellón en reuniones con el alcalde y el concejal.

Por otra parte, el fiscal ha mantenido que Cabrero seguía siendo "responsable" en materia de Obras "por mucha delegación" que hiciera en 2007 en Barrero y ha defendido que se puede cometer prevaricación por la "vía de omisión".

En el juicio, Cabrero afirmó que era el concejal delegado de Obras quien en esa época "llevaba toda la responsabilidad" sobre lo relacionado con el pabellón, algo que ha negado el propio edil, que ha señalado que no recibió ningún encargo del alcalde sobre este poolideportivo y ha narrado que el primer contacto que tuvo con este asunto fue en octubre de 2007 cuando llegó una factura de 30.000 euros del ingeniero Jesús de Paz.

Barrero, único miembro de la Corporación con sueldo, ha reconocido que, una vez iniciada la ejecución del pabellón, sí se ocupó de ir a la obra y controlar que todo fuera correcto.

"sabían cómo se contrataba"

En su exposición, el fiscal ha defendido que tanto Cabrero —que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y presidente de la Comisión de Obras del Parlamento regional— como Barrero sabían cómo se contrataba con la Administración, y qué procedimientos hay que seguir para los contratos menores y los mayores.

Ha insistido en que el proyecto del pabellón y la Dirección del obra pertenecían a contratos mayores y requerían un concurso para adjudicarlos, algo que ha corroborado la secretaria municipal.

El fiscal ha sostenido que en el caso del polideportivo de Requejada "clarísimamente" ha habido un "fraccionamiento" de facturas.

Petición de inhabilitación que no afecta al cargo de diputado

En su exposición, la Fiscalía ha aclarado que su petición de pena de inhabilitación para Cabrero afecta únicamente al cargo de alcalde y sus "honores anejos", pero no para su puesto como diputado del Parlamento regional dado que no se está hablando de que haya actuado de forma "arbitraria" e "ilegal" en el ámbito de la Administración regional, algo que, en su opinión, sí ha hecho en su papel de regidor.

En el caso de Barrero, la solicitud de inhabilitación afectaría al cargo de concejal.

La pena de inhabilitación de 9 años que pide ahora el fiscal para Cabrero y Barrero es coincidente con la que solicita la acusación particular que ejerce el edil del PSOE Juan Felipe Tapia, que ha asegurado que la secretaria le reconoció que se habían "troceado" facturas en el proyecto del pabellón y que esto estaba "expresamente prohibido" por ley, una declaración que ha negado la trabajadora.

En cuanto a la retirada de la acusación al anterior alcalde, el fiscal lo ha justificado señalando que sólo se ha podido acreditar que encargó verbalmente, y sin concurso, un proyecto para el pabellón por el que pagó 17.400 euros, cantidad que, según la actual normativa, no supera el límite para ser considerado contrato mayor.

La declaración de los imputados

En el juicio los primeros en declarar han sido los tres imputados —que han quedado reducidos a dos—, que han coincido en subrayar que no hubo reparo o advertencia de ilegalidad por parte de la secretaria-interventora municipal, Clara López Zapico, por no sacar a concurso la redacción del proyecto ni la Dirección de Obra.

Esta afirmación se ha visto corroborada con la declaración como testigo en el juicio de la propia López Zapico, quien ha reconocido que el proyecto del pabellón le "sobrepasó" porque no se había llevado por parte del Ayuntamiento otro de esas dimensiones y coste.

Así, ha explicado que no reparó de problemas en el pabellón hasta que "fracasó" la ejecución. "Ahí se ve todo", ha apuntado la secretaria municipal, quien, además, ha señalado que no pudo hacer reparo sobre el encargo del proyecto porque no había expediente.

En el juicio, tanto Cabrero como su letrado han explicado que la secretaria reconoció que "se le había pasado" que no había habido proceso administrativo para el encargo del proyecto y la Dirección de obra, algo por lo que, según su versión, la trabajadora se disculpó.

Por su parte, López Zopico ha mantenido que ninguno de los imputados le pidieron información sobre el proceso necesario a seguir y ha reconocido que ella no puso ninguna objeción, algo que, en el caso del encargo de la Dirección de Obra, ha censurado el fiscal, que ha opinado que la trabajadora actuó "mal con mayúsculas".

"Seguramente la secretaria debía estar sentada ahí (en el sitio de los imputados)", ha aseverado el fiscal, que, sin embargo, ha defendido que la actuación de esta trabajadora —a la que, a su juicio, las defensas intentan "echar el muerto"— "para nada" exculpa a Cabrero y a Barrero.

En su declaración, el alcalde ha dicho que "no sabe" por qué no se sacó a concurso la redacción del proyecto y la Dirección de obra; ha negado que se le ocultase cualquier información sobre el pabellón a López Zopico y ha defendido que fue un expediente "totalmente transparente".

Según su versión, cuando accedió a la Alcaldía se encontró con un proyecto de pabellón redactado que, en lugar de piscina tenía pistas de pádel, y decidió continuar esta iniciativa "heredada", aunque cambiando las pistas por la piscina.

Al margen de la modificación del fiscal, el resto de partes —las defensas y la acusación particular— han insistido en pedir la absolución de sus representados.

El letrado que defiende al alcalde ha opinado que en el juicio no se ha quedado aclarado quién contrató a los ingenieros y ha asegurado que su defendido tiene el "íntimo convencimiento" de que no ha contravenido las indicaciones de los órganos que deben velar en el Ayuntamiento por la seguridad jurídica.

El abogado de Barrero ha reconocido que lo relativo al pabellón estuvo "mal hecho" pero ha asegurado que se llevó a cabo "con toda la inocencia" y sin "intención" y ha considerado "fundamental" que la secretaria no advirtiera de que no se estaba siguiendo el proceso concreto.