El joven de 29 años que mató a su madre en febrero de 2012 en el domicilio familiar de Roquetas de Mar (Almería) ha aceptado el internamiento en un centro psiquiátrico durante 15 años tras modificar el fiscal su petición de 18 años de prisión a la vista de la pericial del subdirector médico del centro penitenciario de El Acebuche que indica que sufre un trastorno de esquizofrenia paranoide.

El Ministerio Público ha considerado acreditado tras dos sesiones de vista oral con tribunal de jurado que A.A. actuó bajo un "brote psicótico" cuando estranguló y luego arrojó por el balcón de una cuarta planta a su madre y le ha aplicado la eximente completa de anomalía mental, lo que conlleva un veredicto de no culpabilidad al ser inimputable.

Tras la conformidad alcanzada por las partes, se ha resuelto disolver el jurado popular que se inició el lunes ante la Sección Segunda, que ahora deberá dictar una sentencia donde se recojan los términos del acuerdo alcanzado, según ha indicado a Europa Press el abogado que ejercía la defensa, Juan Carlos Vélez.

Para la conformidad ha sido determinante también el testimonio que prestó en sala A.A., quien aseguró que lo hizo porque "escuchaba voces" desde hacía días que le decían que era un "infierno" y que su madre "quería hacerle daño" y el hecho, recogido en autos, de que en la misma noche en que se produjeron los hechos, acudió a las 21,30 horas con su madre y la pareja de ella al Hospital de Poniente, en El Ejido, "porque él no se estaba medicando y le notaban un poco nervioso, además de que no dormía bien".

Él mismo explicó ante los miembros del tribunal de jurado que los facultativos que le atendieron el 1 de febrero de 2012 le dieron "unas pastillas" que "escupió dentro de la botella cuando no le veían y que, por tanto, no se tomó", según ha recordado Vélez.

El Ministerio Público solicitaba para A.A., de nacionalidad lituana, en sus conclusiones provisiones una pena de 18 años de cárcel por un delito de asesinato ya que los informes de los psiquiatras forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) apuntaban, tras una evaluación realizada meses después de los hechos y estando ya bajo tratamiento médico, que "no había causa alguna de inimputabilidad" y que era "consciente de sus actos".