El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Transparencia que enviará ahora a la Junta General del Principado para su tramitación parlamentaria, con la aspiración de que la norma entre en vigor antes de que finalice la presente legislatura.

"Debería ser un triunfo colectivo de todos los grupos parlamentarios", ha dicho el consejero de Presidencia y Portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, quien ha destacado que la elaboración del texto ha alcanzado un grado de participación ciudadana "muy importante", con unas 90 aportaciones.

En rueda de prensa, Martínez ha incidido en que la tramitación de esta norma se hará casi en paralelo a la Ley de Buen Gobierno, que ya está en la Cámara autonómica. "Con la remisión de ambos proyectos el Principado cumple uno de sus grandes compromisos. Ningún otro gobierno ha hecho tanto por la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en tan poco tiempo", ha remarcado, asegurando que es "un orgullo" impulsar esta tarea.

El portavoz, que confía en que la tramitación parlamentaria mejoren los textos, ha explicado que la ley de Transparencia se aplicará al Gobierno autonómico y ayuntamientos; a organismos y entes públicos dependientes de las administraciones autonómicas y municipales; a la Universidad de Oviedo, la Junta General del Principado, la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social.

También estarán afectadas por la ley las Corporaciones de derecho público y colegios profesionales del Principado de Asturias; las sociedades mercantiles en cuyo capital social sea mayoritaria la Administración del Principado o las administraciones locales; las fundaciones del sector público; y las asociaciones de administraciones públicas, con excepción de aquellas en las que participe la Administración del Estado.

Del mismo modo, estarán sujetas en parte a esta normativa las entidades privadas como partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como aquellas entidades privadas que perciban durante un año ayudas o subvenciones de las administraciones autonómicas en una cuantía superior a 50.000 euros o que supongan al menos el 40% del total de sus ingresos anuales.

Entre las novedades que incorpora el texto, Martínez ha destacado las multas coercitivas de hasta un 2% de las subvenciones o contratos para entidades que no faciliten la información requerida; y se crea un distintivo de transparencia para aquellas entidades que trabajen de forma destacada.

El consejero, que ha asegurado que el texto asturiano es "más exigente" que la norma estatal, ha recordado que el proyecto incorpora la creación del Consejo para la Transparencia del Principado de Asturias, adscrito al Consejo Consultivo, que será el encargado de resolver exclusivamente las reclamaciones en materia de acceso a la información; y la Comisión de Transparencia, de carácter consultivo.