Los mariscadores andaluces se han concentrado este miércoles ante las puertas del Parlamento andaluz para mostrar su descontento ante "la falta de apoyo de la administración autonómica" y para exigir soluciones "inminentes" a los "graves problemas" que padece el colectivo con la aplicación del Plan de Gestión establecido por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

En una nota, el sector pesquero del puerto de Caleta de Vélez (Málaga) ha apuntado que la nueva norma entró en vigor el pasado 1 de abril y regula el marisqueo desde embarcaciones con rastros o dragas mecanizadas en aguas del caladero mediterráneo andaluz.

Dicho reglamento, según indica, cuenta con la "rotunda" oposición del colectivo pesquero, que, a su juicio, "pone en peligro los ingresos de miles de familias andaluzas que dependen de esta actividad, viéndose impotentes" y, además, "crea alarma social y una seria preocupación en la ciudadanía".

"Son los representantes políticos los que tienen que gestionar y garantizar que los ciudadanos podamos trabajar dignamente, que no seamos perseguidos como si se tratase de delincuentes, de que podamos asumir nuestra responsabilidades, como padres de familia así como hacer frente a necesidades como la alimentación o cumplir con las obligaciones de pago ante los bancos, que no entienden de problemas", ha subrayado.

Tras la concentración ante el Parlamento, representantes del colectivo han mantenido una reunión con representantes del Grupo Parlamentario de IULV-CA, que ha sido valorado como "positiva" por la parlamentaria de este grupo Dolores Quintana.

"Hemos mantenido una reunión desde la voluntad de escuchar al sector, que representa una actividad económica para Andalucía y el sustento de muchas familias", ha señalado Quintana, quien ha asegurado que esta actividad pesquera tiene que ser "compatible con la sostenibilidad", algo que, según ha precisado, "el propio sector entiende y son los primeros en querer proteger los recursos".

De esta manera, ha señalado que "mucha de la problemática" del sector deviene de la normativa europea, que dispone "sin conocer la realidad" y de ahí que "en la práctica haya problemas". En este sentido, IULV-CA ha puesto a disposición del colectivo su fuerza "dentro de las competencias que ostenta la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural".

En la reunión han tratado asuntos como la posibilidad de recuperar los días de actividad perdida, como los festivos, o replantear los criterios para analizar la concentración de toxinas, que es lo que provoca el cierre de los caladeros para el sector.

Asimismo, han analizado la coyuntura económica y sus efectos en el sector, que presenta "dificultades para hacer frente a los préstamos". De igual manera, han planteado la posibilidad de fraccionar los pagos a la Seguridad Social y han reclamado que en el nuevo marco europeo 2014-2020 "se siga apoyando al sector con ayudas que ahora están en el aire".