El juez ha decretado este martes la suspensión de la libertad condicional del etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga, ya que esta situación procesal es incompatible con la prisión domiciliaria en la que se encuentra desde el pasado miércoles por el asesinato de un guardia civil y que seguirá cumpliendo.

El juez central de vigilancia penitenciaria ha dictado esta suspensión, que es obligada después de que la semana pasada el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictara su prisión incondicional, atenuada en atención a la enfermedad que padece de forma que la puede cumplir en su domicilio bajo vigilancia.

Bolinaga disfrutaba de la libertad condicional desde agosto de 2012, cuando fue excarcelado por una enfermedad terminal, pero el juez Moreno le citó la semana pasada a declarar y dictó prisión de nuevo para él al considerar que fue quien efectuó los disparos que acabaron con la vida del cabo de la guardia civil Antonio Ramos Ramírez en 1986.

La fiscalía de la Audiencia Nacional pidió entonces que se le suspendiera la libertad condicional, ya que existía "una dicotomía entre la medida de prisión provisional y la libertad condicional que venía disfrutando".

Ahora el juez de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, suspende la libertad del etarra porque nadie puede estar a la vez en libertad condicional y en prisión provisional.

"El Código Penal —dice el juez— establece que cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones no pueden ser cumplidas simultáneamente por el condenado se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, siendo imposible que el interno cumpla dos penas privativas de libertad al mismo tiempo y siendo imposible que la libertad condicional se cumpla estando en prisión provisional".

La decisión del juez tiene dos consecuencias, la primera de ellas que la clasificación de Bolinaga en tercer grado queda en suspenso, por lo que un cambio en la situación de prisión acordada por Moreno obligaría de nuevo a su reclasificación inmediata.

La segunda consecuencia es que las reglas de conducta impuestas por el juzgado de vigilancia quedan sin efecto, es decir, que la prisión domiciliaria a la que está sometido el etarra no se modifica.

Estas reglas de conducta que ahora quedan sin efecto eran, entre otras, la prohibición de acercarse al domicilio y lugar de trabajo de sus víctimas o de sus familiares directo y de participar "de forma activa o pasiva" en manifestaciones públicas de enaltecimiento o legitimación de la violencia, especialmente de ETA.

Cuando le fue concedida la libertad condicional, Bolinaga cumplía el máximo de 30 años de condena por el secuestro del funcionario de prisiones Jose Antonio Ortega Lara y el asesinato de tres guardias civiles.

En contra del criterio de la Fiscalía, el juez de vigilancia penitenciaria dictó la concesión de la libertad condicional dos días después de visitar en San Sebastián al recluso y citarse con los oncólogos que le atendían.

Aunque la defensa de Bolinaga se apresuró a exigir la excarcelación inmediata, la decisión de Castro todavía no era firme en espera de que las partes recurrieran, la Fiscalía lo hizo y no fue hasta el 12 de septiembre de 2012 cuando la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional confirmó la medida.

Poco antes de que se cumpliera un año de su excarcelación, la Fiscalía pidió nuevos informes médicos para una "nueva evaluación de las circunstancias que concurren en el enfermo" pues todo apunta, "para bien del enfermo, que la supervivencia del penado lleva camino de superar todos los registros conocidos".

En el último informe elaborado por forenses adscritos a la Audiencia Nacional, se sostenía no obstante que Bolinaga, que rechazó ser examinado por ellos, había sufrido un empeoramiento, por lo que "se mantiene la situación de enfermedad grave e incurable", no siendo "previsible el óbito" en los próximos tres o cuatro meses "salvo complicaciones".

A la vista de que estos últimos informes descartaban que pudiera ser tratado en prisión de su enfermedad, el juez Ismael Moreno optó por acordar la prisión atenuada en su domicilio, prevista en los casos en que "el internamiento entrañe grave riesgo para la salud".