El concejal de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Mariano Ormeño, ha dado a conocer este lunes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), según la cual la empresa responsable de la estación de compresión de gas situada en la carretera de Herencia tendrá que abonar al Consistorio 1,2 millones de euros en concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), debido a que lo que pagó en su momento por este impuesto es insuficiente.

Ormeño ha indicado que en 2008 se realizó la liquidación de este impuesto, abonando la empresa la parte del ICIO correspondiente al proyecto de albañilería y maquinaria, que ascendía a 6,8 millones de euros, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La sentencia del TSJCM dice, sin embargo, que el ICIO se debe calcular a partir del coste total del proyecto, que era de 31,3 millones de euros y que incluía obra civil, equipamientos, materiales, servicios de ingeniería y obras, y proyecto de seguridad y salud, entre otros conceptos.

El edil indica que aunque en un primer momento el Tribunal Contencioso Administrativo de Ciudad Real dio la razón a la empresa en el recurso que presentó, el actual equipo de Gobierno recurrió al TSJCM en marzo de 2012 al entender que ante la ejecución de un proyecto, el ICIO se debe calcular siempre según el coste global, y no sólo por una parte del mismo, como efectivamente ha reconocido el tribunal regional.

El resultado es que el Ayuntamiento va a poder ingresar 1,2 millones de euros que podrán ser invertidos en obras, actuaciones o servicios de interés para la ciudadanía, aunque Ormeño ha subrayado que la importancia de esta sentencia no se queda ahí, sino que "viene a dar más fuerza al equipo de Gobierno en su empeño por conseguir que también las cuatro empresas termosolares instaladas en la localidad paguen al Consistorio las cantidades que éste considera que le corresponden".

Para el concejal de Servicios Jurídicos, aunque el Ayuntamiento quiere ofrecer a las empresas todas las facilidades posibles para que se instalen en la localidad, "creando riqueza y puestos de trabajo", lo que no puede hacer es perdonarles impuestos que a los ciudadanos particulares no se les perdonan.

"Si hay que acudir a los tribunales para ello, pues acudiremos, pero toda empresa tiene que pagar lo que la Ley de Haciendas Locales y las ordenanzas municipales determinan", ha concluido.