La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este lunes que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo 22 de abril el decreto de reducción de trabas administrativas para las empresas. "Es un momento oportuno para eliminar parte de esos trámites innecesarios que lastran la recuperación económica", ha manifestado.

En el marco de la presentación en Málaga del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible, dentro de una jornada técnica organizada por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), ha señalado que "la seguridad jurídica no se obtiene con un mayor número de normas y de trabas que carguen de burocracia la actividad económica", sino con el hecho de que "las leyes que tengamos se cumplan".

Díaz, acompañada por el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, y por el presidente de la CEA, Javier González de Lara, y ante unos 200 empresarios, ha afirmado que el Gobierno andaluz tiene una "urgencia", que es la creación de empleo en la Comunidad.

Para ello, ha incidido en que es necesario utilizar todos los activos económicos con los que cuenta, entre los que ha destacado la construcción sostenible, que es "fundamental", pero también la minería, el sector agroalimentario, el aeronáutico o el turístico.

Todo ello con "consenso" y "colaboración" para "poner los cimientos que permitan un crecimiento sólido y seguro" porque "Andalucía es una tierra de oportunidades, atractiva a la inversión". En este punto, ha recordado los acuerdos alcanzados con grandes empresas y entidades financieras, que seguirá firmando en las próximas semanas.

Los objetivos de esas "alianzas" son, según Díaz, "trasladar una imagen de que las grandes empresas y entidades financieras confían en Andalucía y están dispuestas a invertir; ayudar a facilitar el crédito a las pymes para que ganen tamaño, puedan invertir y creen empleo, y abrir nuevos sectores a la inversión".

CONSTRUCCIÓN

Durante su intervención, la presidenta del Gobierno andaluz ha hecho hincapié en que desde 2007 se han perdido 400.000 empleos en el sector de la construcción en Andalucía, prácticamente el 73 por ciento del total generado.

Ante datos así, ha considerado "fundamental" trabajar para reactivar la construcción sostenible, ya que es "un sector estratégico", y también sus industrias auxiliares, "que se han visto mermadas y perjudicadas". Eso sí, ha matizado, "aprendiendo de los errores del pasado".

Para Díaz, "no se puede demonizar el sector de la construcción y todas sus industrias auxiliares" porque es "fundamental". "Tenemos una oportunidad para repensar muchas cosas y acoger nuevos proyectos", ha defendido, añadiendo que quizá no se llegue al 15 por ciento que representaba antes de la crisis en el Producto Interior Bruto (PIB) andaluz, ya que "no sería ni siquiera bueno", pero sí superar el cinco o el seis por ciento actual, que "lastra la creación de empleo".

Finalmente, ante las dudas transmitidas por el sector empresarial, se ha referido al largo periodo por el que deben pasar los planeamientos urbanísticos para su aprobación: "si un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tarda entre ocho y 10 años, damos juego al intrusismo y a las malas prácticas, por lo que si acortamos ese tiempo, vamos a ganar en seguridad jurídica y permitir que en el futuro inmediato no vuelva a haber ese intrusismo".

Ha admitido que el modelo productivo "no se cambia de la noche a la mañana" y necesita "el consenso del resto de instituciones, del tejido productivo, de los representantes de los trabajadores y de todos los que intervienen en la economía andaluza".

PROGRAMA

El Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía, dotado con 150 millones de euros, pretende impulsar actuaciones de ahorro, eficiencia energética, mejora de instalaciones y uso de fuentes renovables en edificios de la Comunidad a través de obras de rehabilitación, reforma, adecuación al uso e instalaciones eficientes.

En la jornada de este lunes se ha informado a los empresarios de las características de estos incentivos, que alcanzarán un máximo de 200.000 euros por beneficiario y tendrán un plazo de resolución de un mes.

Este programa de incentivos, que entró en vigor el pasado 1 de abril, es una de las dos líneas contempladas en el Decreto Ley, financiada con fondos europeos Feder y gestionada por la Agencia Andaluza de la Energía.

A esos 150 millones de euros se añaden otros 50 millones para facilitar la segunda línea, destinada a financiación de pymes y de las empresas de economía social, a través de los fondos Jeremie, que gestionará la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).