El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha acordado por unanimidad, a propuesta del Grupo Socialista, iniciar los trámites administrativos para exigir la financiación necesaria a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España de las competencias distintas a las propias que pudieran ser delegadas mediante "instrumentos y cauces legales" como la Ley de reforma de la Administración local o la normativa de la Junta.

Este ha sido uno de los acuerdos alcanzados en el Pleno municipal correspondiente al mes de abril, en el que los grupos de oposición han apoyado las mociones para promover la declaración de la Semana Santa como Patrimonio Cultural Inmaterial y para habilitar el adelanto de la jubilación de los funcionarios de Policía Municipal.

El edil del PSOE Juan José Zancada ha defendido la propuesta para iniciar los trámites habilitados por la conocida como Ley Montoro para reclamar financiación para las competencias que la Administración regional o central pueden delegar a las locales.

Aunque el acuerdo en la parte dispositiva ha sido expreso por parte del PP y de Izquierda Unida, el equipo de Gobierno ha introducido una enmienda, aprobada unánimemente, para eliminar del texto expositivo de la moción varios "juicios de valor" que el portavoz 'popular', Jesús Enríquez, ha considerado injustos con la labor del Gobierno municipal y central.

Zancada ha señalado de que la Junta, en su decreto ley aprobado hace una semanas pone en manos de los ayuntamientos las competencias delegables hasta que no asuma su ejercicio, mientras que las que no son propias o delegables seguirán a cargo de las entidades locales a pesar de que son competencia de la Administración regional. Por ello, ha advertido de que el Ayuntamiento de Valladolid podría dejar de prestar alguno de los servicios por no ser competencias propias o por falta de financiación.

De hecho, en la rueda de prensa posterior al Pleno, el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, ha aseverado que considera que ese decreto ley aprobado por la Junta "anula parcialmente" la reforma de la Ley de Administración Local, por lo que incluso ha aventurado que el Ministerio de Hacienda podría recurrirlo ante el Tribunal Constitucional.

En este sentido, León de la Riva ha explicado que en 2014 no se reclamará aún contraprestación a la Junta por competencias impropias, mientras que en 2015 se iniciarán los trámites, si bien ha añadido que se debe esperar a la aprobación definitiva de las legislaciones regional y estatal.

Entre las competencias impropias que han señalado tanto el portavoz del Grupo Popular, Jesús Enríquez, como el primer edil, podrían estar el mantenimiento de los centros escolares, que suponen unos "cinco millones de euros" al año; o las escuelas infantiles.

Enríquez, que ha puntualizado que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha reconocido que "algunas competencias están mejor gestionadas por los ayuntamientos", ha destacado la importancia del acuerdo entre los grupos políticos, pero ha justificado la moción de supresión de los "juicios de valor" como que el PP busca que "todo siga igual", o que las normativas ocasionen un "caos normativo y político".

Por su parte, la concejal de Izquierda Unida María Sánchez ha coincidido con Juan José Zancada en el "riesgo" de que la Junta de Castilla y León no pretenda asumir servicios que la corresponderían por Ley pero tampoco financie a los ayuntamientos. Asimismo, ha criticado que, en su opinión, el PP busca "los sectores en los que se puede recortar" y deja a las personas "de lado".

Sin embargo, la enmienda del PP también ha eliminado una referencia en las disposiciones sobre la necesidad de garantizar la prestación de servicios en el Ayuntamiento de Valladolid lleva a cabo porque el equipo de Gobierno lo ha considerado "innecesario" porque "no ha dejado de prestarlos".